Tras semanas de intenso debate y desafíos a la voluntad del Ejecutivo, la Cámara de Representantes le dio paso este martes, con el mínimo de votos requeridos, al proyecto de ley que aumentaría en 68% el arbitrio sobre el barril de petróleo y sus derivados, luego que se acogieran las enmiendas presentadas por algunos representantes que objetaban el proyecto original de la administración de Alejandro García Padilla.

Sin embargo, entrada la noche, la medida quedó pendiente de consideración en el Senado, que recesó hasta este miércoles a las 11:00 a.m. La Cámara suspendió labores hasta el lunes, a la espera de cualquier enmienda que le incluya el cuerpo hermano.

El Proyecto de la Cámara 2212 fue ratificado con 26 votos a favor después de un debate de cerca de tres horas que terminó con un acalorado encontronazo entre la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD) y la minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP), que reclamaba la inhibición del representante popular Jesús Santa. Ello, pues el hermano del legislador supuestamente dirige la oficina regional de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) en Humacao, y según el bando azul, eso supone un conflicto de intereses.

Solo la representante popular Luisa “Piti” Gándara se inhibió para evitar la apariencia de conflicto debido a los contratos que tiene su esposo, el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, con empresas petroleras. El representante Manuel Natal reafirmó su rechazo a la “crudita” con su voto en contra, el que unió a toda la delegación del PNP.

 Mientras, el representante popular Carlos Vargas Ferrer, quien se mantuvo en el frente opositor hasta el último momento, avaló finalmente la pieza con las enmiendas que negoció el representante Luis Raúl Torres con el Ejecutivo, que vinculan la implantación del aumento del arbitrio del petróleo -de $9.25 a $15.50- a la aprobación del proyecto de reforma contributiva que ha anticipado la presente administración.

“Es una decisión muy difícil, y estoy consciente que tendrá sus consecuencias. Pero he decidido aceptar las consecuencias que dictan mi conciencia y no la comodidad de una decisión que no me dejará dormir”, manifestó Vargas Ferrer en declaraciones escritas emitidas al concluir la sesión, y en las que consigna que se reunió personalmente con el gobernador este martes mientras deliberaba.

Con las enmiendas aprobadas, el aumento en el arbitrio, que serviría para pagar la deuda de unos $2,200 millones que arrastra la ACT con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), entraría en efecto el 15 de marzo de 2015, y para entonces, también debería quedar aprobado el proyecto de reforma contributiva. El gravamen se aplicaría al gas natural, pero excluiría todo tipo de combustible que se utilice para generar energía en la Autoridad de Energía Eléctrica o alguna de las cogeneradoras.

Durante el debate legislativo, la mayoría parlamentaria pareció reconocer que la aprobación del aumento al arbitrio podría tener repercusiones políticas, pero los representantes del PPD aseguraron que el alza es necesaria para estabilizar las finanzas de la ACT e inyectarle liquidez al BGF.

“Me parece que el trabajo difícil, pero serio, de apertura, permite hoy presentarle al pueblo una medida responsable, no fácil, responsable, no pensando en las próximas elecciones, pensando en las próximas generaciones, no pensando en el acomodo personal, sino en el País”, subrayó el presidente cameral, Jaime Perelló, durante su turno de debate.

La representante Jenniffer González, portavoz del PNP, advirtió que esa delegación no descarta acudir a los tribunales para impugnar la constitucionalidad de la pieza si se convierte en ley, por entender que supeditar una legislación a una propuesta que no ha sido aprobada, como sería la reforma del sistema tributario, violenta la ley máxima. Argumentó, además, que la medida podría exceder el límite de endeudamiento que permite la Constitución al Gobierno.

“Se está excediendo en el límite del 15% al nivel de la deuda que se puede emitir… Ya nos sobrepasamos ese 15%, y no hay un solo documento del Departamento de Hacienda (DH) ni del BGF que certifiquen que no se ha llegado a ese tope”, sostuvo González.

La mayoría del PPD, sin embargo, acogió varias enmiendas presentadas por el representante novoprogresista Pedro “Pellé” Santiago para ordenar al Departamento de Hacienda a publicar, a más tardar el 15 de diciembre, el informe que esta administración comisionó a la firma de consultoría KPMG para delinear las bases de la reforma contributiva.

Además, una comisión que se crearía por virtud de la legislación para evaluar medidas alternas a la “crudita” tendría que divulgar sus hallazgos en su totalidad. Ese grupo especial de trabajo, que conformarían los titulares del Departamento de Hacienda, del Banco Gubernamental de Fomento, de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, y cinco senadores e igual número de representantes, tendría que rendir un reporte el 2 de febrero.

Otra de las enmiendas de Santiago que fue aprobada obligaría a los jefes de la ACT y de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) a publicar los planes de reestructuración que desarrollen para enderezar las finanzas de ambas corporaciones públicas. Se espera que el Senado presente este miércoles enmiendas para añadirle exigencias al plan de reorganización de ambas entidades.

Contrario a lo que se había discutido previamente, el aumento al arbitrio en el crudo no se usaría para inyectar fondos a la ATI, pues para ello se utilizarían hasta $36 millones producto del arbitrio a los cigarrillos.

La medida dispone desde un principio que el impuesto estaría sujeto a un ajuste por inflación más un margen de 1.5% anual, efectivo el primer ajuste en julio de 2017, y aunque fuentes de este medio dijeron que en la Cámara se negociaba la eliminación de ese lenguaje, la enmienda no prosperó.