Una coalición de organizaciones que velan por los derechos de los pacientes ha intensificado su cabildeo a favor de un proyecto de ley que les daría mayores protecciones, pues si el gobernador Ricardo Rosselló Nevares no lo convierte en ley antes del 31 de julio quedaría vetado.

Se trata del Proyecto del Senado 27, que enmendaría la Ley Habilitadora del Procurador del Paciente. Entre otras cosas, esta ley extendería la protección de esta procuraduría a los pacientes cubiertos bajo planes privados, permitiría que los proveedores de servicios sometan querellas a nombre del paciente y establecería sanciones por violaciones de derechos.

“Estamos promoviendo que la gente llame al gobernador y le pida que firme el proyecto. El lleva años diciendo que quiere un sistema centrado en el paciente y la procuraduría es el eje para lograr eso. Estamos pidiendo que la procuraduría vuelva a ser lo que era, que incluya al paciente privado y no solo al del plan del gobierno, como era antes de quedar desprovisto con las enmiendas hechas en el 2013”, explicó hoy el director estatal de AARP Puerto Rico, José Acarón. 

La coalición está compuesta por AARP Puerto Rico, la Asociación de Farmacias de Comunidad, la Asociación Puertorriqueña de Diabetes, la Sociedad Americana contra el Cáncer, la Alianza Pro Acceso a Medicamentos, la Asociación de Apoyo a Padres de Niños con Impedimentos y la Asociación Puertorriqueña de Ayuda al Paciente de Psoriasis, entre otras.

Acarón dijo que aunque el colectivo ha enviado varias cartas a La Fortaleza, no han tenido acceso a reunirse siquiera con algún asesor.

“Tenemos conocimiento de que hay aseguradoras que están poniendo barreras. Y del secretario de Salud (Rafael Rodríguez) no sabemos realmente cuál es su posición porque como médico se expresó a favor y como secretario en contra porque dice que esta ley le costaría $300 millones al erario, aunque nunca ha presentado los números que lo validen. Así que lo estamos cuestionando”, sostuvo Acarón.

Por su parte, María Cristy, vicepresidenta de la Sociedad Americana contra el Cáncer, estimó en 30% el total de llamadas que reciben en su centro de servicios a pacientes que están relacionadas con las trabas que ponen las aseguradoras.

“El año pasado atendimos alrededor de 20 mil llamadas, de las cuales alrededor del 30% eran por problemas de denegaciones de medicamentos, tratamientos y pruebas diagnósticas. Y eso ha ido en aumento”, estipuló Cristy, también portavoz de la Alianza Pro Acceso a Medicamentos.

Las denuncias recurrentes de los pacientes no son solo por denegaciones sino por prácticas dilatorias que perjudican sus tratamientos.

“Tenemos a una paciente de cáncer desde enero que cuyo médico le ordenó tres quimioterapias y no ha tenido acceso a las tres a la misma vez, y como ella hay cientos de casos. Hay niños con leucemia a los que no les aprueban medicamentos. Nosotros les ayudamos, pero la oficina del Procurador del Paciente es el único foro que puede sentarse a negociar estas querellas”, señaló Cristy.