El reclamo de la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Norma Burgos, contra la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para que se permitan anuncios gubernamentales relacionados con el plebiscito de status del próximo 11 de junio, podría decidirse en el Tribunal Supremo, si los jueces de dicho foro acogen un recurso que presentó el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz.

Si los jueces del Supremo no intervienen, los representantes de las partes en conflicto en el pleito -que se discute en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan-  ya lograron acuerdos y llegaron a un consenso para someter una serie de documentos ante la jueza Lauracelis Roques Arroyo, quien otorgó un plazo hasta el próximo martes 4 de abril para que entreguen los argumentos y réplicas. 

Según ha trascendido, la presidenta de la CEE se pronunció a favor de que la veda electoral que prohíbe anuncios del gobierno en años electorales aplique también para el voto del plebiscito, interpretación a la que se opuso la comisionada Burgos, por entender que el pueblo tiene derecho a estar informado y que la propia Ley Electoral dispone que la veda solo aplicaría a los eventos de elecciones generales. 

La decisión de la CEE activaría la Junta Examinadora de Anuncios, organismo encargado de revisar y vetar los anuncios gubernamentales, para que estén libres de mensajes políticos que podrían influir indebidamente en el elector y por tanto podrían transmitirse a través de los medios.

“La Ley Electoral de Puerto Rico establece, como una prohibición importantísima, que durante un año antes de las elecciones generales el gobierno de Puerto Rico gaste dinero en publicidad en los medios de difusión pública para promover un partido político o las ideas de un partido político”, explicó Manuel Izquierdo, representante legal de la presidenta de la CEE, añadiendo que la controversia es si la prohibición para el año electoral aplica a otros eventos electorales, como el plebiscito, “y la respuesta constante ha sido que la misma veda debe aplicar”, por lo cual la CEE atendió el pedido del Partido Popular Democrático (PPD) para que se aplicara la veda. 

Según Izquierdo, la comisionada electoral del PNP impugnó la decisión de la presidenta de la CEE, “de tal manera que la petición hasta cierto punto una petición es una petición de que se le autorice al gobierno de Puerto Rico poder utilizar fondos públicos para promover la campaña del ideal de la estadidad”.

Burgos, sin embargo, fue enfática en que el asunto no tiene que ver con uso de fondos públicos porque su partido no tiene intención alguna de usar tales fondos para informar sobre el plebiscito. 

“Aquí no se trata del asunto de uso de fondos públicos. Los fondos públicos solamente se pueden usar para uso público. Así que esa no es la controversia”, reclamó Burgos, explicando que la controversia se limita a si la veda aplica o no en un año no electoral. Según Burgos, la Ley Electoral es clara en que la prohibición “solamente aplicará en año electoral, en elecciones generales”. 

Burgos calificó la decisión de la presidenta de la CEE como “un intento de censurar, de limitar, de obstaculizar que el pueblo puertorriqueño ejerza su derecho a ser informado”, y condenó que se “pretenda legislar” desde la CEE. 

La comisionada electoral del PNP advirtió además sobre el hecho de que la Junta Examinadora de Anuncios no está creada y habría que incluso buscar la asignación de fondos para la misma, lo cual tomaría bastante tiempo, cuando faltan apenas tres meses para el plebiscito. 

Por su parte, el comisionado electoral del PPD, Miguel A. Ríos, defendió la veda por considerarla “un control para evitar el gasto público dentro de una campaña política”. Añadió que, justamente cuando se hace mención constante a la crisis fiscal, “no veo cual es la oposición del Partido Nuevo Progresista a que se controlen los gastos. Esto es una regla para todo el mundo”. 

Ríos destacó además que el plebiscito “que cuesta casi $9 millones, en medio de una crisis fiscal”, se va a tener que pagar con fondos del gobierno de Puerto Rico, porque “no se ha asegurado nada de que el secretario de Justicia de los Estados Unidos (Jeff Sessions) provea los $2.5 millones (asignados al plebiscito)”.