¿Es necesaria una ley que sancione la venganza pornográfica en Puerto Rico? ¿A quiénes beneficiaría? ¿No existen ya disposiciones que castiguen esta conducta?

En torno a estas interrogantes giró el conversatorio Pornovenganza: un análisis criminológico, penal y de género, efectuado la noche del jueves, en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR), en San Juan.

El conversatorio estuvo centrado en el Sustitutivo a los Proyectos de la Cámara 1667, 1789 y 1842, que crearía la Ley contra la venganza pornográfica en Puerto Rico y tipificaría como delito la divulgación o publicación de material explícito de carácter íntimo sin el consentimiento de todas las partes involucradas.

La medida fue aprobada en la Cámara de Representantes en febrero pasado, pero está pendiente de consideración en el Senado.

Los panelistas fueron la doctora Madeline Román, profesora de sociología y criminología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico (UPR); la doctora Esther Vicente, directora del Instituto de Estudios de Mujeres, Género y Derecho, así como el licenciado Julio Fontanet, decano de la Facultad de Derecho de la UIPR.

Román se expresó en contra de la medida, mientras la profesora Vicente y el licenciado Fontanet argumentaron a favor de una ley de este tipo.

“¿Hasta qué punto este proyecto cuya intención es criminalizar la pornovenganza se encuentra conciliado o no con el mundo tal cual es?”, cuestionó Román luego de plantear que “este proyecto descansa en el argumento de la privacidad de la víctima en un tiempo en que el espacio de lo íntimo y lo privado no puede estar más erosionado”.

La profesora de la UPR habló de cómo las personas han trasladado su vida “privada” al escenario virtual voluntariamente, lo que queda ejemplificado, en parte, con la obsesión por los autorretratos (“selfies”) a toda hora y en cualquier circunstancia.

“Estamos encantados con la tecnología, no asediados como dice el proyecto. Lo que otrora fuese el estigma de la desnudez y la sacralidad del cuerpo da paso al cuerpo pose. ¿De quién es la culpa? Quizás no es del que toma la foto, ni del que la sube, sino que la violencia es de toda una colectividad en su insaciable deseo de ver”, expuso Román, quien no favoreció que se sigan criminalizando conductas.

 A su juicio, convertirlo en delito no disminuiría su comisión, como ocurre con el uso de sustancias controladas o la violencia de género, y afirmó que este es un reto ético de nuestra generación, no jurídico.

“Coincido con otros que piensan que la única manera de protegerse es no consentir a la filmación en primer término”, opinó.

Por su parte, Vicente consideró que “la exposición de ese material está matizada por visiones de género” y que la mujer, aunque sea la víctima de la divulgación de material explícito, suele llevar las de perder porque la sociedad “la demoniza”.

 “Eso refleja la desigualdad y el desbalance de poder que todavía tenemos las mujeres”, sostuvo.

La profesora de derecho en la UIPR resaltó que el proyecto de ley, como está, “parece reconocer el derecho a la libertad sexual sin importar la identidad sexual y de género”, lo que es un avance, pero reconoció que se queda corto.

“El proyecto no atiende la situación que enfrentan las personas cuyas vidas se ven impactadas por la divulgación sin su consentimiento, que implica la pérdida de reputación, trabajo, familia”, señaló. “Este desajuste persigue mantener los roles tradicionales sobre la sexualidad. Aunque se tipifique la conducta del que revela, la persona que aparece en el material explícito se queda sin atención a sus necesidades particulares y se queda con el castigo social”, agregó.

Entretanto, Fontanet reiteró que el derecho penal tiene que sancionar esta conducta porque una indemnización producto de un proceso civil no sería suficiente para la víctima. Y estipuló que aunque la existencia de un Código Penal no cesa la comisión de delitos, ello no es razón para eliminarlo ni dejar de sumarle conductas punibles.

También defendió la libertad sexual. “Yo tengo derecho a disfrutar mi sexualidad como me dé la gana. No podemos responsabilizar a las personas y mucho menos decir que son culpables de lo que les pasó”, manifestó.

Ante la pregunta de si el Código Penal de 2012 podría sancionar esta conducta con el delito de extorsión, por ejemplo, indicó: “Diría que en principio sí, pero ojo, que podría un tribunal decir que el principio de legalidad está hecho para otro tipo de extorsión”.

Fontanet recordó que esto ya ha pasado con la interpretación del Tribunal Supremo sobre la no aplicabilidad de la Ley 54 de violencia doméstica a casos que involucran parejas del mismo sexo o relaciones adúlteras.

El expresidente del Colegio de Abogados recomendó que se aumente la pena de tres años de cárcel porque, a su juicio, tiene que ser mayor a la pena del delito de extorsión ya existente, y puntualizó la importancia de sancionar también a las personas que masifican la divulgación de estos contenidos al colocarlos en páginas web.