Lo que tejió el ex recaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernández, no fueron casos aislados en distintas agencias, sino una red completa de corrupción gubernamental, declaró ayer el jefe del FBI en Puerto Rico, Douglas Leff.

Por eso, su agencia ha tardado tanto en hacer la segunda ronda de arrestos relacionados al esquema, según lo lleva advirtiendo desde hace más de un año. 

No obstante, Leff no quiso que hubiese dudas de que sí viene una segunda parte.

“En el futuro no muy lejano va a (haber) más arrestos, pero la fecha precisa no sabemos en este momento… continuamos investigando el resto del caso, y no solamente vamos a arrestar y procesar unos individuos, vamos a desmantelar una red entera y por esa razón toma más tiempo que un caso típico”, afirmó en un aparte con la prensa luego de escuchar en primera fila al juez federal Pedro Delgado sentenciar a Sally López Martínez, ex jefa de la Administración de Desarrollo Laboral (ADL) a pasar nueve años en prisión por los seis cargos de corrupción gubernamental por los que fue declarada culpable.

Joaquín Monserrate Matienzo y José Aguayo, abogados de López Martínez, dijeron que van a apelar el fallo de culpabilidad, y catalogaron la sentencia como “excesiva”.

La fiscalía federal pidió en un inicio 19 años de prisión para López Martínez.

Sin embargo, los abogados lograron que se enmendara el informe presentencia del oficial probatorio Miguel Arroyo y el pedido se redujo ayer a entre nueve y 10.8 años de encarcelamiento. 

Los abogados rogaron que no fueran más de cinco años por entender que un tiempo mayor le coartaba a su clienta la posibilidad de estar con sus hijas Paola de 14 años y Alannis de 12, “antes de que se hagan mujeres”.

También complicaría sus posibilidades de reintegrarse a la fuerza laboral, reclamaron en sala.

Según lo dictaminó el juez, López Martínez terminaría de cumplir su sentencia a los 47 años; luego deberá permanecer dos años más en probatoria.

Con la voz quebrada, evidentemente nerviosa y saltando de tema en tema, López Martínez se dirigió durante unos 20 minutos al juez a quien le hizo un recuento de su niñez. 

Contó cómo su papá le enseñó que debía trabajar sin mirar la hora de salida y las muchas veces que lo vio dejar de comer para que ella y sus amigas, a las que frecuentemente invitaba a su casa, tuviesen algo en su plato.

Más adelante, cuando su papá murió y ella estaba en medio de su bachillerato con apenas 19 años, comenzó a vender lasagnas los fines de semana para poder costearse sus gastos universitarios.

Luego dijo que había aprovechado los meses recientes para compartir más con sus hijas. 

Relató que un día una de ellas le dijo que había estado buscando información y que solo necesitaba comer y estudiar por lo que entendía podía acompañarla en la cárcel.

Además, reconoció que le costó entender que había cometido un error, pero lo aceptó, y agregó que no es la persona confiada de antes porque a veces hay gente que se esconde detrás de otras personas y van “disfrazados de oveja”, aunque en realidad eran “alacranes y lobos”.

“Estoy a la voluntad de Dios. Acepto que cometí errores, me avergüenzo de lo que pasó... Estoy preparada para enfrentar la sentencia, pero no para estar sin mis hijas y ellas tampoco están preparadas para estar sin mí”, expresó.

Tras escucharla, Delgado se tomó un receso de cerca de media hora. 

“Dictar sentencias es un proceso difícil y complejo… López tiene un bachillerato y una maestría, es una persona muy trabajadora, se preocupa por su familia, especialmente por sus hijas… pero a ella se le delegó una porción del poder en la Administración de Desarrollo Laboral. Allí interactuó con Anaudi Hernández y sus socios. En ese proceso perdió su rumbo y cruzó la línea, no una sola vez, lo siguió haciendo otras veces y con su experiencia ella debió saber actuar mejor”, dijo el juez previo a imponer la pena. 

Mientras, la restitución al erario de las supuestas ganancias malhabidas quedó pendiente y para ello habrá una vista el 24 de octubre próximo, debido a que el cálculo de la fiscalía, del oficial probatorio y de la defensa discrepaba entre lo que alegadamente obtuvo López Martínez del soborno: por un lado se dijo que el esquema de corrupción dejó $1.7 millones, pero los abogados dijeron que si se sumaba la ganancia neta de los contratos en varias agencias, no se superaba los $322,000.

Aún así, lo que López habría recibido no eran más de $3,000 en beneficios entre carteras de diseñador, cenas y entradas a conciertos, lo que minimizaba el impacto.