La Cámara de Representantes aprobó este lunes, en votación partidista, un proyecto del Senado que prohíbe el acoso laboral en los centros de trabajo del País, tanto en el sector público como privado.

La medida crea la causa de acción civil del empleado contra el patrono por el alegado acoso laboral y en los casos en que no sea posible la reposición en el empleo, el tribunal determinará la compensación por los daños ocasionados según la prueba presentada.

La persona perjudicada tiene hasta un año para instar el pleito.

El proyecto, que recibió 34 votos a favor, algunos de la minoría PNP, y 15 en contra, recibió una enmienda del representante Luis Vega Ramos para disponer que "otras conquistas laborales no sean derogadas por la pieza de ley.

La medida define el acoso laboral como aquella conducta malintencionada, no deseada, repetitiva y abusiva, ya sea de forma verbal, escrita o física por parte del patrono, sus supervisores o empleados, ajena a los legítmos intereses de la empresa, que genera una atmósfera hostil, intimidatoria, humillante y ofensiva. Añade que se trata de conducta que impide la sana estadía del empleado en el trabajo, que puede tener como resultado menospreciarlo, apocarlo o destruirlo profesionalmente y que atenta contra sus derechos constitucionales protegidos, incluyendo su dignidad.

El presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Jesús Santa Rodríguez, dijo que podría ser legislación pionera en Estados Unidos y en América Latina.

La Cámara baja aprobó el proyecto del Senado 501, de la autoría de la senadora Rossana López León. La medida fue aprobada en el Senado el pasado 13 de noviembre.

El proyecto de ley fue objeto de un debate entre miembros de la mayoría popular y la minoría novoprogresista por la paternidad de la iniciativa legislativa.

Los representantes del PNP, José “Quiquito” Meléndez y Ángel Peña, coautores de una medida similar en la Cámara acusaron de “plagio” a la mayoría popular.

“Lo que estamos aprobando es el proyecto 79 de la Cámara. El texto es 'verbatim'", dijo Meléndez, quien anunció sin embargo, que votaría a favor de la medida.

El portavoz de la mayoría, Charlie Hernández le ripostó que cuando hay proyectos similares sobre un mismo tema, la norma es aprobar “el que cruza primero” por la sana convivencia procesal.

“Aquí lo importante no es quién es el padre de la criatura, es que se trata de un proyecto bueno que le hace justicia al trabajador”, sostuvo el legislador popular, quien además dijo que el proyecto de Meléndez y Peña “se hubiera llevado a votación, pero no tenía los votos de su propia delegación”.

El portavoz alterno novoprogresista Carlos “Johnny” Méndez se opuso a la medida porque dijo que “ésta es una jurisdicción altamente reglamentada y le pondremos más cortapisas al desarrollo económico privado en Puerto Rico”.

La Cámara de Representantes aprobó también hoy una proyecto que enmienda la Ley para la Administración de los Recursos Humanos del Servicio Público para disponer que la aprobación de un puesto de confianza estará sujeto a que no extienda más allá del 31 de diciembre del año en que se celebren las elecciones generales. Esta medida recibió 28 votos de los populares y 21 votos de los novoprogresistas.

Se aprobó también por unanimidad (49-0), un proyecto que crea la Ley Uniforme Sobre Filas de Servicio Expreso y Cesión de Turnos de Priordad para personas con impedimentos, mayores de 60 años, embarazadas y con asuntos pendientes que deban retornar hacia las islas municipio de Vieques y Culebra por vía marítima o aérea el mismo día. Además fue avalado el Proyecto de la Cámara 1156 que busca prohibir que las compañías proveedoras de servicio celular reemplacen los equipos nuevos y defectuosos de los usuarios por equipos remanufacturados durante el término de su garantía de fábrica o garantía extendida sin notificarles al hacer el contrato.

Igualmente se aprobó una pieza legislativa que propone decretar la última semana de septiembre como la Semana de la Concientización de la Comunidad Sorda de Puerto Rico y reconocer el 28 de septiembre como Día Internacional del Sordo en Puerto Rico.

Elizabeth Ríos Rodríguez, de la Sociedad de Sordos de Puerto Rico, acompañada de sordos y sordas, se personaron a las gradas del hemiciclo de la Cámara para apoyar la medida del representante José Báez.

El legislador indicó que se estima que en Puerto Rico hay entre 150,000 a 200,000 personas con sordera parcial o total.