Así lo describieron ayer el propio Higginbotham y su abogado, Víctor M. Rivera Ríos, quienes el pasado jueves radicaron un recurso en el Tribunal Federal para el distrito de Puerto Rico en respuesta a la demanda que Correa radicó en el Condado de Osceola, Florida, el pasado 4 de abril mediante sus abogados del bufete Gray-Robinson.

“CFK y el Sr. Higginbotham entendían que la relación que ellos tenían con Correa era una positiva, por lo que reaccionaron completamente sorprendidos por la carta recibida el 5 de enero que decía que no podían comunicarse más con Correa”, dijo Rivera Ríos.

Para sustentar el choque del corte de relaciones, Higginbotham dijo que la casa donde viven Correa y sus padres en Houston sigue estando a su nombre y al de CFK. Incluso, el teléfono de emergencia que tienen en la escuela de la hermana menor del pelotero es el de Higginbotham, a quien hasta febrero aún le llegaban notificaciones de la escuela. 

Higginbotham y Rivera Ríos alegan que Correa incumplió con el contrato entre ambos al darlo por terminado unilateralmente en enero.

Según el documento, provisto por estos, Correa podía cancelar el contrato en un proceso que hubiese incluido que informara las razones por las que lo cancelaba y que otorgara un periodo de 30 días para que CFK pudiese subsanar la falla que ocasionó la queja.

Pero los demandantes alegan que el campocorto santaisabelino no cumplió con dichas condiciones, e incluso, cerró toda vía de contacto con Higginbotham y CFK mediante una carta enviada a su nombre por parte del bufete Gray-Robinson.

“Ese bufete Gray-Robinson asesora legalmente a otra entidad que representa a Carlos, The Legacy Agency, que estaba teniendo choques con CFK. A la vez envía una carta diciendo que son abogados de Correa. Yo entiendo que ahí hay un conflicto”, agregó Rivera Ríos.

Según explicaron, CFK y Correa firmaron en 2014 un contrato de representación en cuanto a derechos de imagen, mercadeo y otra propiedad intelectual, del cual surgieron acuerdos comerciales con firmas como Adidas, Topps, la cadena texana HEB, Blast Motion, RBFF y la corporación automotriz Central Automotive Group, la mayoría de los cuales están vigentes.

“Quiero que quede totalmente claro: Higginbotham y CFK no tenían interés de presentar este pleito. Ellos querían hacer esto de una manera sutil y resolverlo en privado. Esa fue su intención cuando envió en febrero una carta a los Correa. Pero la respuesta fue de un abogado, y luego recibió una demanda”, dijo Rivera Ríos.

La demanda de Correa busca anular el contrato entre Correa y CFK, algo que no procede según Rivera Ríos, pues no hay jurisdicción debido a que el contrato se hizo en Puerto Rico bajo las leyes locales.

Higginbotham alega que desde que Correa subió a las Mayores gastó dinero propio, se sacrificó a sí mismo y a su familia sin recibir remuneración para ayudar a Correa.

En la demanda, que reclama alrededor de unos $6 millones, además se contempla que desde el quiebre de la relación enero, a Higginbotham se le deben más de $150,000 de ingresos que el pelotero ha recibido por contratos de mercadeo y promoción.

Dijo que siempre hay espacio para la negociación.

“Ayer, hoy y mañana, a Carlos yo lo voy a ver como un hijo. Que tengamos diferencias, y que yo no crea que él le haya dado una oportunidad a mirar las cosas desde afuera y escucha lo que le está diciendo el agente, es decisión de él, y la respeto”, dijo Higginbotham.

“Yo lo que quiero es cobrar. Las alternativas que se puedan poner para lograr eso, estamos dispuestos a discutirlas”, dijo Higginbotham.

Por los pasados días Primera Hora ha hecho gestiones por correo electrónico y vía telefónica con los abogados Juan Martínez y Jason Zimmerman, de Gray-Robinson, la misma entidad que en enero envió a CFK la carta de terminación del contrato, pero los intentos en busca de una declaración han resultado infructuosos.