Si bien es cierto que las mujeres han logrado el reconocimiento de más de sus derechos con el pasar de los años, todavía falta mucho por hacer para contar con una sociedad de equidad.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés), en su manual de Igualdad de Género, la equidad de género está definida como “la imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres de acuerdo con sus necesidades respectivas, ya sea con un trato igualitario o con uno diferenciado, pero que se considera equivalente en lo que se refiere a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las posibilidades”.

En Puerto Rico, todavía existen un sinnúmero de desigualdades por género. A continuación, cinco puntos de la agenda de las mujeres para avanzar hacia la equidad.

Brecha salarial

Las mujeres en Puerto Rico tienen mayores logros educativos hace más de una década. No obstante, la brecha salarial reaparece entre hombres y mujeres una vez se ajusta por la escolarización de cada género. Las mujeres, en promedio, ganan 3% menos que los hombres, evidenció una investigación del economista José Caraballo Cueto.

La entidad de la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres) indicó, en su página de internet, que la desigualdad en los salarios medios de las mujeres y los hombres se mantienen en todos los países y sectores. Esto se debe a que el trabajo de ellas está infravalorado y peor remunerado, aunque el empleo requiera el mismo esfuerzo y habilidades. También, los empleos de las mujeres tienden a estar concentrados en áreas diferentes a la de los hombres.

En el caso de las mujeres negras, inmigrantes y madres, esta brecha es aún mayor.

“La denominada ‘penalización por maternidad’ obliga a las mujeres a trabajar en la economía informal, a aceptar trabajos eventuales o a tiempo parcial, y tiende a ser mayor en los países en desarrollo que en los países desarrollados”, expone el documento de ONU Mujeres.

Caminar por las calles en paz

El acoso callejero es una de las manifestaciones de la violencia de género más normalizadas. Consiste en comentarios indeseados, silbidos y otras acciones en espacios públicos por parte del acosador hacia una persona desconocida que, casi siempre, es una mujer.

El informe de Plan Internacional España titulado (In)Seguras en las calles pone de relieve que las mujeres y niñas sufren acoso sexual en las calles diariamente. Esta violencia ocurre tan a menudo que se ha normalizado y solo el 10% denuncia.

También, el estudio reveló que el acoso callejero es el principal riesgo de seguridad que enfrentan las niñas y las jóvenes en todo el mundo.

“Las jóvenes adoptaron los mismos mecanismos de defensa en todas las ciudades del estudio, tras una situación de acoso. El 40% evitó volver a pasar sola por el lugar. Algunas nunca vuelven al sitio y, las menos, llegaron a dejar los estudios o el trabajo a raíz de una experiencia de acoso”, señala la investigación.

Por consiguiente, esta discriminación por género provoca miedo e inseguridad en las mujeres. Además, afecta directamente sus derechos, limitando su movilidad, libertad y educación

Implementación del Estado de Emergencia

Hace dos años y tres meses, las organizaciones feministas exigían que se declarara un estado de emergencia para atender la violencia de género en el país. El 25 de enero de 2021, el gobernador Pedro Pierluisi, y como un compromiso de campaña, firmó la orden ejecutiva con la que se declaró el Estado de Emergencia.

Completada la primera fase de la orden, que consistía en designar representantes de cada sector para formar parte del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE), quienes trabajarán en el cumplimiento de la orden ejecutiva, las organizaciones feministas han advertido la importancia de continuar fiscalizando para que lo propuesto se cumpla y obtenga los resultados esperados.

Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, en su Matriz de análisis para identificar políticas públicas justas de igualdad de género, una de las fases más importantes para identificar si una política pública de igualdad de género está funcionando es la revisión de los resultados respecto a los objetivos planteados explícitamente. Esto solo se puede lograr si hay producción de estadísticas confiables, tanto para el diseño de la política como para su seguimiento y evaluación.

La defensa de la autonomía de los cuerpos

La ciudadanía de las mujeres y las personas gestantes cuenta con su mayor expresión en la libertad y autonomía de sus cuerpos. Implica tener la capacidad de decidir libres de coacción, control o violencia sobre sus cuerpos.

Cuando se hace mención de “personas gestantes”, significa que no solo las mujeres tienen la capacidad de quedar embarazadas. También, pueden gestar otras identidades como los hombres trans.

Por esta razón, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos estableció en el caso Roe vs. Wade que las mujeres tienen derecho al aborto y que ese derecho está dentro de su derecho a la intimidad. Por consiguiente, en Puerto Rico, por la relación política con Estados Unidos, el aborto no solo es legal, sino que es un derecho.

La organización Ayuda Legal Puerto Rico, en su página de internet, expone que “ninguna ley puede prohibir el aborto”.

“Lo que sí pueden hacer los estados y jurisdicciones como Puerto Rico, es establecer unas guías y procesos. Esas guías y procesos no pueden ser obstáculos para ejercer el derecho a terminar un embarazo”, lee el portal legal.

Sin embargo, el derecho se mantiene bajo acecho por grupos que buscan limitarlo.

Ante las crecientes agendas antiderechos en el mundo, organismos internacionales han enfatizado en la defensa del derecho al aborto como un asunto de salud pública y de derechos humanos que hay que defender.

“Asegurar el acceso a estos servicios, de conformidad con los estándares de derechos humanos, es parte de las obligaciones del Estado para eliminar la discriminación en contra de las mujeres y garantizar el derecho de estas a la salud, así como a otros derechos humanos fundamentales”, expone la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Reconocimiento de las mujeres trans

No fue hasta el 2018 que las personas trans en Puerto Rico pudieron cambiarse el género en los certificados de nacimientos, luego que el Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico ordenara a los funcionarios del gobierno local permitir este tipo de corrección.

Sin embargo, las personas trans continúan experimentando discrimen relacionados con su identidad por funcionarios públicos.

El 9 de julio de 2020, la activista por los derechos de la comunidad trans y comediante Joanna Cifredo denunció, en sus redes sociales, que la Junta de Inscripción Permanente (JIP), en Bayamón, convirtió su derecho a obtener su tarjeta electoral en un doloroso proceso. Según ella, esto demuestra el discrimen sistemático que enfrentan las personas trans en Puerto Rico.

La campaña de las Naciones Unidas Libres e Iguales expone que, “en la mayoría de los países, las personas trans no pueden ver su identidad de género reconocida en sus documentos de identidad oficiales”. Sin documentos de identidad adecuados, las personas trans quedan excluidas de actividades cotidianas, como abrir una cuenta bancaria, solicitar empleo y alquilar una vivienda.