La dura situación que vive el pueblo puertorriqueño no es fácil de digerir, particularmente para los que tienen que pagar los platos rotos y a quienes se les intenta imponer la onerosa carga económica.

Mientras, toca a una jueza federal de Quiebras dirimir quién manda, si el gobernador colonial, la Junta de Control Fiscal “congresional” o la propia jurista Laura Taylor Swain.

Este 1 de septiembre, los huevos se ponen a peseta y los defensores de medidas de austeridad, a costa de los trabajadores y los pobres, argumentan que son necesarios los recortes, aun cuando economistas de prestigio a nivel nacional e internacional han advertido que sería nefasto.

Es el pueblo trabajador, los estudiantes, los retirados y los empleados públicos los que recibirán la medicina amarga.

El 1 de septiembre, se supone que se ponga en vigor la reducción de jornada, que el Gobernador se niega, pero la Junta de Control Fiscal lo demanda. Nadie quiere ser el villano. A ver quién manda.

Es espeluznante, de otra parte, cómo el proceso de colonización deforma y trastoca las cosas, al punto que lo que debe considerarse un comportamiento natural y correcto, como sería el protestar por los abusos y atropellos, para algunos es una conducta que debe ser castigada. 

Hay seres que han desarraigado de su conciencia el sentido de identidad, de solidaridad, de conmiseración por su pueblo y su sufrimiento, aliándose en vez con quien provoca su tormento. No se sienten parte del pueblo. Se transpira cierto desprecio por los trabajadores que son los que cargan en sus hombros al País.

 Hay algunos legisladores, gobernantes y políticos que piensan igual a sus amos y servilmente hacen el trabajo sucio para ver si son aceptados. Se escucha el coro de voces de los que preludian que es necesario hacer todo lo que se aprobó en el plan fiscal para reducir los gastos del Gobierno y pagar a los acreedores.

Nadie habla de desarrollo económico, ni de la creación de empleos, ni de aumentar el salario mínimo para que la gente tenga dinero en el bolsillo, gasten y compren en las carnicerías, jueguen a la lotería y los negocios no se vayan a la quiebra, que puedan pagar sus hipotecas y no tengan que dejar su tierra.

Como sucedió en Portugal, donde aplicaron medidas de austeridad al igual que en Grecia, que estrangularon al pueblo.

Con el cambio de Gobierno se creó un nuevo razonamiento económico: los recortes reducían la demanda. Para poder lograr una verdadera recuperación económica, el Gobierno prometió elevar el salario mínimo, echar atrás los aumentos de los impuestos regresivos, devolver los salarios públicos y las pensiones a sus niveles anteriores a la crisis. Se aumentaron las ayudas de seguridad social para las familias de bajos ingresos, mientras que se aplicó un impuesto al lujo a propiedades de un valor mayor a 600,000 euros y funcionó.

(Ver http://www.eldiario.es/theguardian/mentira-austeridad-sostiene_0_679632217.html)

Aquí, en cambio, hay quienes no se identifican con los trabajadores que se lanzan a protestar a la calle en un esfuerzo por defender sus derechos, sus sueldos, el derecho a vivir una vida digna, a que se le garantice servicios de salud, que sus hijos puedan asistir a la universidad pública, a tener movilidad social, resistiendo los intentos de empobrecerlos aún más. 

Justo, a pocos días de anunciarse la manifestación que se celebra hoy en contra de la reducción de la jornada laboral, el recorte de 10 por ciento en las pensiones y la eliminación de los derechos a los trabajadores, se sometió una medida en la Legislatura que persigue prohibir que “peatones voluntariamente, por deseo propio y en acción concertada bloqueen las vías en Puerto Rico”.

Hay quien se alía y confabula para quitarse protecciones constitucionales y derechos. Es daño autoinfligido, es legislar a favor de un estado autoritario, absolutista y fascista.

 “Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo…”