Qué fuerte. ¡Qué intenso el día del jueves! Tantas  cosas sucediendo a la vez y todas estremeciendo los cimientos de  esta Isla 100 por 35, que enfrenta la fragrante humillación, de imponérsele una Junta de Control Fiscal, que para todos los efectos, ya manda.

El 1 de septiembre de 2016, lo recordaremos como el día que el cuadragésimo cuarto presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, nombró de forma dictatorial, a siete verdugos como los han descrito, para enderezar las deprimidas finanzas de su colonia, para cobrar la deuda acumulada durante los agobiantes años de vasallaje.

Entre las perturbadoras designaciones de ese 1 de septiembre, figura un personaje, Carlos García, exdirector del Banco Gubernamental de Fomento durante la administración del entonces gobernador Luis Fortuño.

Se le señala como uno de los principales responsables de la debacle económica, embrollando a este País al tomar préstamos a diestra y siniestra sin fuentes de repago.

Además, fue uno de los arquitectos de la Ley 7, mediante la cual despidieron a más de 30,000 empleados públicos. 

Imposible que pasara desapercibida ese día, la protesta protagonizada por un aguerrido grupo de jóvenes estudiantes que impidieron la celebración de una conferencia sobre Promesa en un hotel en el Condado, San Juan.

Esta manifestación les valió críticas por partes de sectores del pueblo porque “el derecho de uno termina donde comienza el derecho del otro”.

Pero la realidad es que Promesa es una ley antidemocrática, dictatorial, abusiva y colonialista, que atenta contra los empleos de los servidores públicos y amenaza con la imposición de salarios de miseria.

Que hubo confrontaciones, las hubo. Terrible sería una sociedad en la que nadie protestara y todo lo diera por sentado. Lo terrible sería que la población estuviera de plácemes y aceptara con resignación la  tragedia que enfrenta el País, sin hacerle saber al gobierno estadounidense y al mundo que hay malestar e indignación y que no a todo el pueblo le complace el trato y el maltrato al que se nos está sometiendo.

Que hay un sector, sobre todo financiero, que está contento porque anticipan que recuperarán con creces el pago por concepto de los bonos que adquirieron a precio de quemazón, pues claro que van a estar contentos. 

Pero ésto es a costa del dolor y sufrimiento del pueblo, al que se le va a someter por un lustro o tal vez una década, a la privación  de necesidades básicas, lanzándolos al desempleo y a la pobreza.

¿Qué quieren? ¿Que se queden callados? ¿Que no protesten? La desobediencia civil es un recurso legítimo para luchar contra las leyes injustas, como lo hicieron Ghandi y Martin Luther King.

Como si el día no hubiese sido lo suficientemente intenso, en el tribunal federal declaraba un testigo confeso, Anaudi Hernández, que en su ánimo de  cumplir su cometido y salvar su pellejo de una larga condena, habló hasta por los poros, mencionando  como una de sus proezas el haberle conseguido una prostituta a un hermano del gobernador. 

En la corte se pasa juicio sobre el presunto fraude gubernamental contra unos acusados, que deja nuevamente al descubierto la podredumbre del sistema de financiamiento de campañas y lo fácil que es corromper a un político.

Pero acá afuera pasamos juicio sobre este convicto confeso, que como parte de su esquema de saqueo de fondos públicos reclama que es un proxeneta.

Proxeneta en su estricta definición es la persona que induce a otra a ejercer la prostitución y se beneficia de las ganancias económicas que se obtienen de esta actividad. También es sinónimo de chulo y alcahuete. 

Así, sin empacho, declaró  que consiguió  “muchachas” para entretener en una fiesta de recaudación de fondos. Como diría el americano: disgusting. 

La prostitución es un modo de explotación de la mujer. La prostitución no es un trabajo, sino una forma de violencia contra la mujer. Las mujeres no “se prostituyen”, son prostituidas por clientes y proxenetas, empujadas por la necesidad económica. 

Una de las críticas y observaciones que se hacen sobre estos procesos judiciales por corrupción gubernamental en el tribunal federal es que los empresarios, los contratistas, los que sobornan, los que extorsionan, los que pagan kick back, salen airosos y hasta con sentencias suspendidas porque “son necesarios para poder encausar a funcionarios que hacen uso indebido de los fondos públicos”.

El ex fiscal federal Guillermo Gil explicó una vez,  durante un proceso relacionado con el catastro del CRIM, que el tramado de fraude era tan complejo que tenían que utilizar como testigo y hacerle unas concesiones, a quien lo ideó.

“Los testigos no son hermanitas de la caridad”, dijo el entonces fiscal federal.

Definitivamente, Anaudi no es una hermanita de la caridad.