El tema de los empleados de confianza en el gobierno central puertorriqueño sigue dando de qué hablar. Luego de varios días de discusión pública, la Junta de Control Fiscal metió la cuchara en el asunto.

Es claro que, para el funcionamiento adecuado de cualquier agencia o empresa pública y privada, es necesario contar con personal de confianza. Es necesario que, para esas plazas, se recluten personas de alta calificación o “expertise”.

También es razonable que se le pague por esa preparación una cantidad de dinero que usted justifica al presentar las credenciales. Pero en el Gobierno de Puerto Rico esto no es lo que ocurre. Aquí se recluta personal por encima de cualquier necesidad. En las agencias no siempre prevalece la preparación o experiencia en determinada materia. Por el contrario, se acomodan allegados o familia de políticos.

El dinero que se le paga, hiere la retina y levanta la indignación. Y vamos a estar claros, esta poca vergüenza ha sido de los dos partidos que se han turnado el poder en nuestra isla. Los dos tienen su cuota de culpa.

La Junta entra en acción y lo hace en una carta dirigida al director de la oficinas de Gerencia y Presupuesto, Juan Carlos Blanco. No se la dirigieron al gobernador. Tampoco lo copiaron. En su lugar, copiaron al secretario de Estado, Omar Marrero, que representa al gobierno en la Junta y a Zahira Maldonado, directora de recursos humanos del Gobierno. O sea es la Junta, a través de Robert Mujica, su director ejecutivo, pidiendo justificación al gobierno, tras el señor Blanco anunciar, a través del periódico El Nuevo Día, que darían aumento salarial a todos los empleados de confianza del Gobierno.

Mujica lanzó la bola por el centro del plato. En su escrito dijo y citamos: “cualquier aumento salarial para los empleados de confianza implantado fuera del proceso presupuestario y sin aprobación previa de la Junta de Supervisión sería contraria a los objetivos fiscales y a la autoridad presupuestaria establecida en la ley Promesa”.

Mujica le recuerda con esa cita que la Junta “ES” quien controla las finanzas públicas. A lo lejos “olió” que el anuncio de Blanco es uno lanzado en medio de una campaña primarista. Esa es la política que hace daño, la que se reviste de politiquería.

Curiosamente, el señor Blanco nunca pudo precisar de cuántos empleados de confianza se estaba hablando. Dijo que “no tenían visibilidad de cuántos eran”. Estoy seguro que esa cita hizo brincar a Mujica, al momento que le hicieron la traducción. Por ello, no es de extrañar que haya pedido en su misiva que tan pronto como este viernes, se le haga llegar un listado de esos empleados y cualquier transacción con ellos en los pasados 180 días.

Mujica sabe que esas actitudes son las que laceran las finanzas públicas. Gracias a ese derroche, el Gobierno se comía todo el dinero disponible. Así se financió un crecimiento de nómina que se tornó asfixiante.

Para mí, está meridianamente claro que no hemos aprendido la lección. El día que la Junta termine su trabajo y se marche de la isla, el gobierno volverá a sus andadas. Estoy convencido que una vez tengan la chequera otra vez en su poder, nos volverán a quebrar.

¡Qué pena!