La Corporación Pública más antigua de la Isla ha dejado de existir. La Autoridad de Energía Eléctrica, que desde 1941 ha sido un ente vital para el desarrollo económico de Puerto Rico, se encamina a ser privada en una transacción muy parecida a la forma en que lo hicieron con el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, negocio que comenzó la administración de Luis Fortuño y cual lo culminó la administración de Alejandro García Padilla.

La Autoridad goza hoy día de mala fama. El pueblo ya no le tiene cariño gracias a los años de pésima administración, en los cuales mal utilizaron esta importante utilidad. La Corporación cayó en deterioro. El sistema no se sostiene. Con unas fuertes lluvias en una tarde de verano, nos quedamos horas sin el servicio. Las redes sociales denuncian quejas y falta de servicio en, prácticamente, toda la isla de manera frecuente.

Ante todo esto, tenemos que las facturas no fallan. Llegan seguras al buzón con precios que meten miedo. Las promesas de bajar la factura no se materializan. En lugar de ello, leemos renglones llenos de impuestos, compra de combustible y otros cargos que nos vacían el bolsillo. A nivel industrial, siempre se menciona la situación de la AEE como uno de los problemas a la hora de sentarse a buscar negocios para Puerto Rico.

Por eso nadie se escandaliza. Nadie levanta la mano para defenderla. Ni siquiera los partidos políticos y sus candidatos han expresado alguna defensa ante lo anunciado.

Claro, el proceso se fundamentó en una ley que trabajaron senadores de ambos partidos, que por años han controlado el poder político y han pagado su cuota de responsabilidad luego de haber estrellado a la Autoridad. Incluso, uno de ellos, Eduardo Bhatia, se está ofertando para gobernar la isla y en las primeras 24 horas del anuncio ha guardado silencio. Lo increíble es que él tendría que gobernar, de llegar a Fortaleza en enero, con las consecuencias iniciales de ese acuerdo que conlleva una transición de 10 a 12 meses.

Mi amigo, el profesor Ángel Rosa, me comentaba en “Noticentro” que está convencido que la transacción tiene una estrategia bien definida para desarticular, asfixiar y acabar con la UTIER, el principal sindicato de la Corporación y una de las más antiguas del sindicalismo puertorriqueño.

La UTIER ha sido siempre militante en asuntos sociales, cívicos y políticos de la Isla. Eliminarlo sería una buena idea para esos sectores que lo han sentido como una piedra en el zapato, que molesta y estorba en sus turbios designios en el pasado, presente y futuro.

Quedan muchas preguntas sobre la mesa. Entre ellas: ¿Qué pasará con la deuda? ¿Cómo se reestructurará lo que quede de la Corporación Pública? ¿Dónde quedarán los esfuerzos para promover y facilitar los proyectos de energía renovable? ¿Seguirán siendo parte de la política pública, pues ciertamente atentan a los intereses de llenar los bolsillos de los nuevos administradores?

En fin, muchas preguntas de esta transacción tendrán que ser monitoreadas. Entre estas, el asunto de la tarifa. A mí me preocupa, pues dudo que el nuevo grupo llamado LUMA, sean tan altruistas que no provoquen un aumento a través de su acuerdo. Cómo se habrá dado cuenta, tenemos mucho de que hablar de este acuerdo que hoy nos venden con bombos y platillos. Ojalá funcione. Ojalá sea bueno. Ojalá no tengamos que lamentarnos en el futuro, que por estar huyéndole a las vacas, terminemos en el “cercao” con los toros.