La ciudadanía está botando chispas y no es para menos. La idea de establecer bloqueos policiacos para monitorear el uso de mascarillas y confirmar que los vehículos, cuyos pasajeros no las están usando debido a que son integrantes de un mismo núcleo familiar, raya en violaciones a derechos importantes dentro de nuestros sistema democrático. No lo digo yo. Lo dicen reconocidas figuras del derecho local.

Aunque puede ser loable el esfuerzo, no deja de ser una intromisión del Estado. Sumado, a que la medida provocó un caos en cuanto a la logística del tráfico se refiere. El comenzar los bloqueos a las cuatro de la tarde, hora que inicia el sabroso tapón boricua, resultó ser descabellado. Ni siquiera el hecho de que la escuelas no están abiertas y muchos trabajan en remoto desde sus hogares, impidió una descomunal congestión vehicular, que comenzó en Trujillo Alto y se ramificó a zonas aledañas.

Los bloqueos se pueden hacer una vez comience el toque de queda. Existe así, sobrada razón para que se intervenga con ciudadanos que estén violando la disposición. ¿Pero, en horas laborables? No parece lógico.

Tras la reacción ciudadana, el Comisionado policiaco Henry Escalera anunció que se movía para las seis. Unas dos horas más tarde, pero igual de problemático. Al momento de leer estas líneas, el tema será uno de discusión en la radio, cuyos comentaristas o panelistas analizarán los resultados de la labor rendida en Utuado, Fajardo y Ponce.

Resulta preocupante además, el hecho de que se utilicen los policías para estas labores punitivas. El multar a un conductor y otros ocupantes que no lleven mascarilla, en efecto al no poder probar que sean de un mismo núcleo familiar, solo servirá para sembrar tirantez innecesaria entre la ciudadanía y los uniformados.

Sin duda, la policía atraviesa por su peor momento. La fuerza está desanimada debido a la pobre paga, escasez de equipos, cuarteles en condiciones desmejoradas y con evidente falta de personal. Razones o situaciones que los obligan a esforzarse más.

Para que tenga una idea, bajo el gobierno de Luis Fortuño (2009-2012), la policía estaba integrada por unos 16,140 agentes. Luego, abrieron unas ventanas de retiro y en el 2013 a través de la Ley 3, la situación económica provocó que la pensión se les bajara de un 75% a un 40%. Con esos truenos, hoy la fuerza apenas rebasa los 8,000 agentes para servir 78 pueblos en tres turnos.

El asunto de los policías debe representar una prioridad para la nueva administración, que se estrena este próximo 2 de enero. La seguridad del país está en juego. Se tiene que trazar una estrategia firme para mejorar las condiciones laborales de nuestros agentes, revisar su pensión y convencer a la Junta de Supervisión Fiscal a que se asigne una cantidad significativa para el reclutamiento agresivo de nuevos agentes.

Para cerrar, sólo quiero recalcar que el Gobierno tiene una misión de orientar, crear conciencia y poner orden con relación al COVID-19. Existen formas de hacerlo y deben de ejecutar la tarea, pero no con estos bloqueos descabellados.