La disyuntiva que tiene ante sí el gobernador Alejandro García Padilla es cumplirle al País o rendirse ante los legisladores de su Partido Popular Democrático (PPD) que ahora reniegan de sus compromisos programáticos sobre reforma legislativa y sobre el discrimen por orientación sexual.

En semanas recientes, García Padilla ha carecido de sincronización labial, lo que se conoce popularmente en inglés como "lip-sync", algo que podemos experimentar en el cine y la televisión cuando no hay coordinación entre los movimientos labiales y la voz de una persona.

El gobernador sigue insistiendo en mostrarse encantado con la "reforma" de la Asamblea Legislativa que aprobaron sus legisladores, que muy poco tiene que ver con la propuesta contenida en el programa de gobierno que presentó el PPD para las elecciones de 2012 y que los entonces candidatos populares se comprometieron a adoptar.

La supuesta reforma deja intactos los sueldos, los presupuestos, la posibilidad de ingresar hasta $25,500 más al año de "fuentes extralegislativas" a las que los legisladores accederán no se sabe cuándo si tomamos en cuenta que ellos mismos definieron el "legislador ciudadano" como un legislador 24/7.

Pero el gobernador está satisfecho con el "cumplimiento". Y el País lo que ve es falta de liderato.

O cinismo, si recordamos lo que dijo el 7 de enero el presidente cameral Jaime Perelló sobre la reforma legislativa: "La vamos a cumplir completa, no a medias, ni algunas partes, unas sí y otras no. La vamos a aprobar en su totalidad, toda la reforma legislativa que le prometimos al pueblo puertorriqueño, toda, no algunas partes".

Ya sabemos, porque nos lo recordó incluso antes del inicio de la sesión ordinaria en enero el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, que "nada está escrito en piedra".

Del mismo modo, se incumple lo que prometieron en la página 36 del programa de gobierno: "Trabajaremos para erradicar el discrimen por orientación sexual. Prohibiremos mediante legislación el discrimen por orientación sexual e identidad de género en el empleo, haciéndole justicia a la comunidad LGBTT".

¿Cómo? ¿Aguando como aguaron el proyecto del Senado 238 a propuesta de la propia presidenta de la Comisión de Derechos Civiles de ese cuerpo, Rossana López? ¿O mandando la medida a comisión en la Cámara porque hay un grupo de representantes populares que ahora se cantan religiosos y "pro familia", entre los que figura nada menos que la presidenta de la Comisión de la Mujer y la Equidad, Brenda López de Arrarás?

Los argumentos que usan son memorables, según los cita hoy El Nuevo Día. Por ejemplo, el novato representante Javier Aponte Dalmau, hijo del insobornable alcalde fallecido de Carolina, José Aponte de la Torre, dice que "mi distrito representativo incluye áreas rurales de Carolina y Trujillo Alto. Estas áreas son de mucha participación religiosa y ellos han tenido participación activa en el proceso legislativo del Senado".

O sea, que para él pesan más unos votos que la acción de jurar en falso, que es a lo que equivale renegar de su compromiso programático.

Otro que baila en la misma cuerda es el representante Narden Jaime, que es más leal a los líderes religiosos conservadores que estaban el lunes en las gradas del hemiciclo, a donde fue visto subir en varias ocasiones para informarles sobre las discusiones en torno al 238, que a sus compromisos con el País.

Igual ocurre con el representante Luis Raúl Torres, miembro de la Congregación Mita.

El gobernador, sin duda, tiene un problema en la Legislatura: sus legisladores responden primero a las presiones religiosas y al miedo de perder unos votos y luego, si sobra algo, se ocupan del País, del discrimen, de acabar con los privilegios de sus cargos.

Que no mire a los líderes legislativos en busca de auxilio porque no lo va a encontrar. El problema no es de ellos, que hacen lo que siempre han hecho, acomodarse a sus propios intereses.

El problema, señor gobernador, es de Alejandro García Padilla. ¿Lo conoce?