El pasado sábado visité el sector Montes Llanos en Ponce. Es un área rural más cercana a Adjuntas y Jayuya que al casco urbano de la Ciudad Señorial.

Allí me reuní con la comunidad -como lo he estado haciendo constantemente en distintos municipios- para escuchar, dialogar e intercambiar impresiones sobre sus preocupaciones y necesidades. Los problemas de Puerto Rico no se limitan al ciclo electoral. Hay que atenderlos continuamente y escuchar a la gente. Por eso he seguido mis visitas.

Al igual que en otras comunidades, me expresaron la incertidumbre que sienten y el sentido de impotencia ante las decisiones dañinas del gobierno, el olvido al que son condenados y el impacto que tendrán las nuevas políticas de privatización que -como en el pasado- los priva de servicios esenciales.

De estos encuentros siempre salgo con un mayor deseo de trabajar, pero con un enorme sentido de indignación. Vivimos en dos Puerto Rico. Una parte del país, muy minoritario, tiene acceso desmedido a recursos económicos y a los círculos políticos gubernamentales. Estos no viven incertidumbre, necesidad, ni rezago. Estos no dependen de servicios gubernamentales, pues pueden financiar plenamente sus necesidades. Viven una privilegiada calidad de vida.

Por otro lado, existe una parte mayoritaria del pueblo que vive socioeconómicamente rezagado. Compuesto por las clases pobre, media, asalariada y trabajadora que no pueden financiar muchos servicios esenciales de primera necesidad. A ellos, el gobierno cada vez les limita más el acceso a servicios básicos como educación, salud, salarios, vivienda segura, entre otros. Estos no gozan de una calidad de vida ni tan siquiera adecuada.

Según la clase media y trabajadora, es cada vez más pobre, la brecha entre esos dos grupos es mayor. Esto propende al aumento de violencia, adicción a drogas, maltrato hacia los más débiles, entre otras manifestaciones de la actual crisis social.

Tradicionalmente, los partidos que han gobernado han adoptado un discurso a favor de la justicia social que contrasta, en la práctica, con las abismales injusticias sociales producto de las políticas públicas que han ejecutado. Ejemplo de estas han sido, cierre de escuelas, servicios de salud controlados por las aseguradoras privadas, eliminación de derechos laborales, menoscabo presupuestario a la UPR con la consabida amenaza del cierre de Recintos, privatización y consecuente aumento en el costo de servicios esenciales (como amenaza actualmente LUMA con el servicio energético) y un sistema de privilegios contributivos que benefician a individuos y a empresas extranjeras, pero castiga al contribuyente y empresario de aquí; entre otras injusticias.

Urge transformar ese modelo de segregación socioeconómica. Para lograrlo debemos comenzar como sociedad por lo más básico: eliminar las raíces de nuestros prejuicios, fortalecer nuestra solidaridad y renovar nuestro sentido de propósito común.

Por su parte, el Gobierno debe garantizar los servicios esenciales a todos y al mismo tiempo proveer las herramientas a sectores tradicionalmente marginados económicamente para lograr su autosuficiencia. En este punto hay que hacer una distinción fundamental. Por un lado, la obligación inherente del gobierno de proveer los servicios esenciales y dignos que requiere la ciudadanía. Por otro lado, la glorificación maligna que se ha hecho sobre la dependencia excesiva. Debemos aspirar a cumplir plenamente con la primera y repudiar la segunda.

Para cerrar la brecha que nos separa socioeconómicamente tenemos que abandonar la idea de que las cosas son como son y nada puede ser alterado. Las cosas son como son, mientras lo son. Tenemos como pueblo que abrazar la posibilidad de cambio fundamentado en nuestra voluntad y virtud colectiva. Debemos construir el camino para un solo Puerto Rico que garantice buena calidad de vida para todos.