Cada septiembre en Puerto Rico (y en el mundo) celebramos el mes de las personas sordas: gente valiente y necesaria para la patria. En el archipiélago puertorriqueño son cerca de 200,000. En mis años como senador tuve el privilegio de trabajar de cerca con ellas, y nunca dejaron de sorprenderme con su ingenio, tenacidad y optimismo.

Este año tenemos mucho que celebrar. Luego de décadas de invisibilización y lucha ardua, las tres ramas del Gobierno de Puerto Rico han comenzado a posar sus ojos sobre la comunidad sorda, su cultura y su idioma vernáculo. Al amparo de la Ley Núm. 56–2018, una pieza legislativa en la que el PIP insistió por varios cuatrienios, el Departamento de Educación produjo cursos de lenguaje de señas puertorriqueño que hoy pueden accederse por Internet sin costo para la ciudadanía. En éste participan como docentes personas sordas, lo que nos ofrece un acercamiento único a su mundo.

En la legislatura, la comunidad sorda nunca había ocupado un lugar en la agenda como hoy. No sólo se han radicado numerosas medidas para atender reclamos históricos de las personas sordas, sino que algunas de ellas han comenzado a adelantarse favorablemente en el trámite legislativo. Hace una semana, por ejemplo, el Senado aprobó la Resolución Conjunta del Senado 141 de la delegación del Partido Independentista, que le ordena al Instituto de Estadísticas gestionar que se incluya una pregunta sobre sordera y pérdida de audición en el Censo del 2030. Con esto se pretende acabar con la especulación en el acercamiento a la comunidad sorda y producir datos que permitan centrar los servicios del gobierno donde esté la necesidad.

De igual forma, como parte del proceso de concienciación impulsado por activistas de la comunidad sorda y sus aliados, al fin hemos comenzado a ver sesiones y vistas legislativas interpretadas mediante lenguaje de señas, lo que le da nueva vida al derecho constitucional a acceder información pública.

En la rama judicial son innegables los efectos positivos que ha tenido la Ley para viabilizar el acceso a la justicia de las personas sordas (Ley 174-2018). Esta iniciativa que adelanté como senador, y que resultó aprobada con el apoyo unánime de toda la Legislatura, ha tornado la provisión de intérpretes de lenguaje de señas en los tribunales en un asunto rutinario. Confiamos en que los tiempos en que las personas sordas eran procesadas y encarceladas sin comprender el proceso judicial o sin poder colaborar con su defensa han ido quedando en el pasado.

Como último ejemplo de la transformación que atraviesa el ordenamiento legal a favor de la comunidad sorda, este año la rama ejecutiva dio paso a un proyecto de ley que trabajé el cuatrienio pasado, pero que resultó vetado por la entonces gobernadora. La Ley 22–2021, rescatada la pasada sesión legislativa por María de Lourdes Santiago y Denis Márquez, crea la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico. Ésta servirá como puente entre la población sorda y las agencias públicas para que nadie resulte excluido de los servicios de gobierno a causa de su identidad como persona sorda.

Ciertamente, resta camino por recorrer. La población sorda requiere mayores y más sistemáticas atenciones en su desarrollo educativo. Así también ocurre con los servicios de salud y con la población sorda radicada en las instituciones penales. Sin embargo, es evidente que se ha descorrido un velo para revelar algo que nunca más podrá ser ocultado. La comunidad sorda es una parte vibrante, presente y admirable del pueblo puertorriqueño.

Este mes de septiembre, como siempre, lo dedicamos a las personas sordas. Creemos en ellas, luchamos con ellas, permaneceremos vigilantes porque se respeten sus derechos y celebraremos su inmensa aportación al acervo cultural puertorriqueño. ¡Enhorabuena!