“Él cree mucho en la amistad y él no cree en eso de ser un soplón y se ha inmolado. Él no se benefició de nada. Pero, él no va a hacerle daño a su amigo”, Esta fue la respuesta del abogado de defensa de Joseph Fuentes luego de éste ser sentenciado a cárcel por donativos ilegales recibidos por el Comité de Acción Política “Salvemos a Puerto Rico.” Este comité se creó para favorecer la campaña electoral de Pedro Pierluisi, amigo desde la escuela superior del convicto.

Esta expresión vincula al gobernador Pedro Pierluisi que era el beneficiario de los donativos ilegalmente recibidos. Después de todo, cada dólar ilegalmente recibido era para la elección del gobernador, no del convicto Fuentes. Pero, Fuentes no es una parte inocente del esquema. Su propósito era colocarse en una posición de influencia para su beneficio personal.

Este es el retrato del inversionismo político. Una parte privada organiza recaudaciones de fondos o hace donativos de campaña para el beneficio político de un aspirante electoral, y a cambio el inversionista luego pasa factura colocándose en posición de beneficios económicos mediante contratación o acceso a decisiones gubernamentales. El inversionismo político no es una práctica aislada y es compartido “in pari delicto” por el PPD y el PNP.

Esta semana nada más, además de la sentencia de cárcel contra Fuentes, se entregó a las autoridades federales el banquero Julio Herrera acusado por el esquema de donativos ilegales a la campaña de la candidata primarista del PNP y exgobernadora, Wanda Vázquez, también acusada. También, el megacontratista José Bou se declaró culpable por sobornos al alcalde PNP de Cataño, Felix “el Cano” Delgado, convicto y quién está colaborando con las autoridades federales en espera de ser sentenciado.

Por su parte, el Departamento de Justicia refirió a la Oficina del Fiscal Independiente al alcalde PPD de Arecibo, por contratar ilegalmente a la exsenadora PPD, Maritere González, quien se declaró culpable de 12 cargos, entre ellos por recibir pagos del convicto exrecaudador del PPD, Anaudi Hernández, para saldar deudas de campaña.

En ocasiones, un mismo inversionista político recauda para el PNP y PPD. Lo que busca es acceso y lucro. Para el iniversionista político su bandera es el billete y su ideal es el bolsillo. Lo trágico es que esa práctica afecta adversamente al pueblo en los servicios esenciales necesarios.

El inversionismo político va de la mano con el favoritismo, la impunidad, la corrupción y la mala utilización de los fondos públicos. No tiene que ser así. Hay que atender el problema de raíz. Es necesaria una reforma del financiamiento de campañas. Se tienen que limitar al máximo las aportaciones privadas, tener mayores medidas de fiscalización y dar los recursos necesarios al Contralor Electoral, ente responsable de las auditorías de partidos y candidatos, pero cuyo presupuesto es menguado.

Debe reducirse el periodo de campaña política. Debido a la pandemia la pasada campaña electoral apenas duró unos meses y eso fue suficiente tiempo para que los candidatos comunicaran su mensaje.

En el contexto gubernamental se deben abrir espacios a la participación ciudadana en foros legislativos, administrativos y municipales. Otra iniciativa necesaria es la transparencia del manejo de los asuntos gubernamentales. Se debe crear la presunción de que todo documento gubernamental es público y su divulgación se haga en tiempo real.

Estas son algunas iniciativas entre muchas otras que por razón de espacio no puedo incluir. No obstante, estas iniciativas serían insuficientes si no existe la voluntad de cumplimiento de quienes gobiernan. Mientras los mercaderes de las influencias políticas sigan en el templo del servicio gubernamental, el pecado de la corrupción estará presente. Hay que limpiar la casa del bipartidismo.