Un pozo muro contiene desechos sanitarios. Al ser subterráneo, no está a la vista de todos. Cuando el pozo muro se desborda, la gente ve con toda crudeza los desperdicios y huele su pestilencia. Estas pasadas semanas, el país ha visto con indignación el desbordamiento del pozo muro político.

Las aguas sucias del “payoleo” político y la persecución partidista de empleados públicos se desbordaron, dejando ver así su asquerosa apariencia y pestilencia.

El caso de Sixto Díaz Colón destapó lo que era un secreto a voces: la extorsión y compra de influencia para tener acceso privilegiado a medios con el fin de manipular la opinión pública. Esto es “payoleo” político.

Figuras como Díaz Colón son mercenarios mediáticos. Se valen de dinero, para colmo, en muchas ocasiones de fondos públicos, para que figuras que influyen en la opinión pública favorezcan a políticos y ataquen a sus opositores.

El caso de Díaz Colón es dramático, porque esa práctica ocurrió en el momento más álgido que ha enfrentado Puerto Rico en tiempos modernos. En el umbral de divulgarse el contenido del famoso “chat” que contenía referencias homofóbicas, machistas, divulgación de información privilegiada sobre la contratación con el gobierno para megaproyectos, persecución a la oposición política y mofas sobre los muertos de María, surge un acercamiento de Díaz Colón a las más altas esferas del gobierno de Ricardo Rosselló.

La idea de Díaz Colón era que, a cambio de $300,000.00, él compraría el apoyo de figuras en medios para que hablaran bien del entonces gobernador. La consecuencia la conocemos. El señor Díaz Colón fue convicto, pero su convicción no resuelve el problema. Este es un problema antiguo.

De hecho, hace exactamente cuatro años, como senador presenté el proyecto del Senado 1185 para establecer la “Ley de Transparencia Gubernamental en las Comunicaciones”. El proyecto buscaba requerir que en toda entrevista o comparecencia oral, visual o escrita de un funcionario público ante medios masivos de comunicación y/o digitales en la que se utilicen, eroguen o inviertan fondos públicos, se identifiquen el uso de tales fondos y a la persona o empresa gestora, solicitante, intermediaria o coordinadora correspondiente al final y principio de la transmisión. Demás está decir que el proyecto ni se llevó a vistas públicas. Ya sabemos por qué.

Por otra parte, la comisionada residente, Jenniffer González, denunció que empleados públicos del PNP no participan de sus actividades porque han sido amenazados con ser despedidos por la administración de Pedro Pierluisi. La comisionada residente puede tener razón, pero no tiene fuerza moral para hacer el planteamiento.

La persecución partidista siempre ha ocurrido en el gobierno bajo rojos y azules. ¿Por qué González lo denuncia ahora y no antes, incluso cuando su partido incurría en esta práctica? Porque ahora le afecta a ella en su drama primarista contra Pedro Pierluisi.

Es sabido por todos que cuando gana un gobernador azul desplaza y despide a los rojos; y que cuando gana un gobernador rojo, desplaza y despide a los azules. Ambos partidos siempre han perseguido y marginado a los independentistas. El PPD y el PNP siempre han querido convertir al gobierno en un “alter ego” de sus partidos.

Este es un problema de fondo en la administración pública. En lugar de prevalecer el mérito al momento del reclutamiento y los ascensos de los empleados públicos, prevalece el criterio partidista. Incluso, se han creado organizaciones de empleados públicos del PPD y el PNP en las agencias. A los empleados públicos se les ha sometido, bajo presión partidista, a ser recaudadores de fondos, funcionarios de colegio, movilizarse a actividades proselitistas; en fin de servir de brazo político dentro de sus respectivas agencias. Si no lo hacen, ponen en riesgo sus habichuelas.

Eso, además de humillante, resulta en el “batateo” político que afecta el servicio público y desmoraliza a los miles de empleados públicos que se fajan trabajando, pero que no tienen oportunidad de ascensos o de justicia laboral, porque no se prestan a la politiquería gubernamental.

El bipartidismo se ha valido del “payoleo” político y la persecución partidista de empleados públicos para mantener control. El mejor desinfectante ante esas aguas sucias es acabar con el bipartidismo PPD y PNP.