Una sociedad que aspira a la plenitud de su desarrollo socioeconómico, político y educativo, debe contar un sistema universitario público robusto, accesible, democrático y de avanzada. Yo me siento orgulloso de ser producto de la Universidad de Puerto Rico.

El sistema de la UPR es el instrumento más importante para la implementación de las políticas de desarrollo económico, social y cultural en Puerto Rico. El sistema provee una oportunidad para el desarrollo profesional y ciudadano de nuestra juventud sin importar su origen socioeconómico. Constituye, además, el más importante espacio de diálogo y de pensamiento para el pleno desarrollo de la sociedad. A pesar de su importancia, la UPR está bajo amenaza.

Desde que llegó la Junta de Control, su obsesión ha sido desmantelar el sistema UPR. En el 2018 la Junta propuso reformas a la Universidad, aumentando su precariedad. Las principales propuestas de la Junta fueron: eliminar las exenciones de matrícula, aumentar el costo de matrícula, reducir personal y congelar plazas, rebajar la aportación del plan médico junto a la reducción de las pensiones, entre otros.

Contrario a la visión de la Junta –y distintas administraciones de gobierno- el dinero que se asigna a la UPR no es un gasto y sí una inversión.

El dinero invertido en la UPR no sólo regresa al país a través de la multiplicidad de servicios que la institución ofrece, sino que promueve la actividad económica local. En un estudio de José Alameda y Alfredo González, destacados economistas del Recinto de Mayagüez, se demuestra que los estudiantes graduados de la UPR tienen un ingreso de $25,857 al año mayor que el ingreso de un trabajador sin educación universitaria.

Por cada dólar que se invierte en la UPR, su sistema de retiro y sus agentes asociados, se genera $1.56 de actividad económica en otros sectores del país. Es decir, se gana un 50% por encima de la inversión. De manera que cada millón de dólares invertidos en la UPR, tiene el efecto de inducir actividad de producción en otros sectores de la economía ascendientes a $1,563,000. Ese dinero estimula la economía y beneficia a todos.

No importa si usted estudió en la UPR o en otra entidad universitaria, la inversión y fortalecimiento de la UPR beneficia al país.

La UPR somos todos y tenemos la obligación de protegerla, evitar su desmantelamiento y exigir que se invierta más para su fortalecimiento.

A las medidas penalizantes de la Junta, hay que sumarle la irresponsabilidad de quienes han gobernado, que no han respetado la autonomía administrativa de la UPR. Eso ha causado alta politización y malgasto de fondos.

Ante el cuadro planteado; ¿qué se debe hacer?

Yo propongo apoyar los esfuerzos organizados de la comunidad universitaria para combatir las políticas abusivas de la Junta. Al mismo tiempo, se debe encaminar una reforma urgente de la UPR, que la coloque a la altura de tercera década del Siglo XXI. Para ello se debe utilizar de plataforma el trabajo realizado por la Comisión Multisectorial de Reforma Universitaria.

El informe que produjo la Comisión se convirtió en el proyecto del Senado 1536, presentado el cuatrienio pasado y del cual fui coautor. Esa propuesta para una nueva ley -que surge de la propia comunidad universitaria- declara a la UPR como bien esencial para el desarrollo socioeconómico, dota a la UPR de una gobernanza autónoma y democrática a base del mérito (no del partidismo) y fortalece su financiamiento. Esas, entre otras propuestas, son las guías para proteger la UPR. Esa es nuestra responsabilidad con el principal centro docente del país y nuestro legado a esta y futuras generaciones.