Durante la pasada contienda electoral dije en un debate que los seres humanos deben ser sujetos de la acción económica y no objetos de ella. Con esto quise puntualizar que toda política y decisión económica debe partir de una perspectiva de derechos humanos, porque no es posible lograr un desarrollo económico sostenible y digno si se condena a la clase trabajadora a la indigencia hoy o al momento del retiro.

Lo contrario –el proyectar a la gente como objeto de la economía– es lo mismo que sugerir que quien no esté dispuesto a trabajar en condiciones de pobreza, de invisibilidad o de insalubridad no le sirve bien al país; es presentar a nuestras maestras, bomberos, policías y enfermeras, entre otros servidores y servidoras públicas, como meros eslabones de producción que pueden ser explotados y manipulados al antojo de intereses ajenos a nuestra calidad de vida, como la Junta de Control Fiscal, bonistas buitres, especuladores exentos de contribuciones y otras marañas que ya harto conocemos.

La mayoría del país, contrario al liderato rojo y azul, tenemos las prioridades claras. No sólo vemos la lucha del magisterio como una que debe estremecer el sentido de empatía y solidaridad de todo el país, y que nos mueve a marchar y a exigir respeto con la clase magisterial, sino que hemos servido de vehículo para canalizar sus reclamos en la Legislatura.

La primera semana de este cuatrienio, la delegación del PIP presentó dos medidas que habíamos anticipado en nuestro Programa de Gobierno. El Proyecto del Senado 92 (PC 136, en la Cámara), que busca aumentar el salario básico del magisterio a $4,000 mensuales, y el Proyecto del Senado 44 (PC 135), cuyo fin es establecer entre 12 y 15 el número máximo de estudiantes por salón, ajustado por nivel académico. Esto evitaría el cierre de escuelas adicionales, aliviaría la carga del magisterio y aseguraría una mayor calidad en los servicios educativos, lo que a su vez redunda en un mejor aprovechamiento académico.

Como era de esperarse, las estructuras y funcionarios faltos de visión, de creatividad y de sensibilidad han dado la espalda a estas propuestas aludiendo a la situación fiscal que atraviesa Puerto Rico. No obstante, los retos fiscales, las estadísticas demuestran que la situación del Departamento de Educación presenta circunstancias excepcionales. Sin lugar a duda, la precariedad de las trabajadoras y trabajadores en esa agencia, y el saqueo de su sistema de retiro, son producto de la insensibilidad histórica y la falta de voluntad política de líderes populares y penepés.

Por un lado, el presupuesto consolidado del Departamento de Educación ha aumentado en un 18% en los últimos 10 años, alcanzando un total de $4,395,846,000. Por otro lado, la cantidad de escuelas, estudiantes y maestras se ha reducido en 44%, 47% y 40%, respectivamente. El resultado es una agencia con mucho más dinero y menos obligaciones fiscales, pero que alega no contar con los recursos para hacer justicia salarial u ofrecer un retiro digno a quienes cargan con la responsabilidad de formar al país.

Esta falta de diligencia gubernamental, esta vil mentira, además, hace blanco principalmente de las mujeres puertorriqueñas, toda vez que la gran mayoría de las maestras son mujeres (79%) y jefas de familia.

Lo que es realmente insostenible es la necesidad a la que el gobierno colonial –en alianza con todo un sistema de subordinación que restringe nuestra capacidad como Pueblo– ha condenado al magisterio, así como a tantos otros sectores esenciales del servicio público. Por eso es tiempo de asumir posturas. Por sus frutos les conoceréis.