El cooperativismo es solidario, democrático y busca mejorar la capacidad de generación de ingresos, la producción y la calidad de vida de la sociedad puertorriqueña.

Sus principios y filosofía básica concurren con la esencia del programa económico y social de un país que aspira al pleno desarrollo. Esa ha sido la experiencia de muchas naciones a lo largo y ancho del globo terráqueo. Lo fue durante el siglo XX y lo ha sido en lo que va del siglo XXI. Aspiramos a que Puerto Rico se una a esa corriente de progreso humano en el sentido más amplio del concepto. El modelo que han impulsado los gobiernos de turno se fundamenta en la dependencia, en las altas contribuciones a los pequeños y medianos comerciantes, en impuestos onerosos a los ingresos de individuos y familias, y en la exención a empresas extranjeras. Como consecuencia de ello, el desequilibrio e inequidad económica y en competitividad es abismal.

Una de las iniciativas de carácter socioeconómico a nuestro alcance para la reconstrucción de una nueva sociedad, es el cooperativismo. Este modelo todavía no ha logrado alcanzar su potencial máximo como fuerza productiva en Puerto Rico. A la luz de las experiencias de países con estructuras productivas y sociales similares al nuestro, merece la pena promover el modelo cooperativista como forma de organización preferencial, no solo para el sector privado, sino también para mejorar los servicios gubernamentales.

Desde hace años se reclama, y con toda razón, que Puerto Rico necesita diversas formas de gestión empresarial. Ello incluye las pequeñas y medianas empresas, las cuales al presente generan cerca de quinientos mil puestos de trabajo, y también a las diversas empresas cooperativas, que juegan un papel protagónico en el sector financiero y en la industria de seguros, y lo están haciendo también en otros sectores fundamentales de nuestra economía.

La pregunta es: ¿Cómo podemos otorgarle mayor protagonismo al cooperativismo puertorriqueño?

Primero, se debe equiparar a las cooperativas del sector financiero para proveer los mismos servicios que provee la banca comercial, sin las restricciones que persisten al presente. Segundo, se debe crear una Oficina del Comisionado de Instituciones Cooperativistas, para que ejerza las funciones de fiscalizador en las cooperativas no financieras. Deben diversificarse y fortalecer distintas gestiones cooperativas. Por ejemplo, acopio, mercado y suministros en los diferentes sectores agrícolas; la pesca comercial y la acuacultura.

Cuando fui senador, una iniciativa que impulsé fue desarrollar, desde el Departamento de Educación, nuevas cooperativas juveniles y fortalecer las existentes.

La gestión cooperativista fortalece la economía puertorriqueña y estimula la movilización de recursos internos. Sin la movilización de recursos internos no hay desarrollo. La dependencia económica y el privilegio contributivo y económico al capital exterior no nos conducen a ese objetivo. Por supuesto, la inversión extranjera es positiva, pero no debe ser a base del desplazamiento del capital y el empresarismo local. No hay un solo país desarrollado que no alcance prosperidad sin movilizar recursos internos.

Una parte esencial de ese esfuerzo es la gestión empresarial cooperativa. El problema ha sido que los gobiernos de turno han visto el cooperativismo como una gestión económica adversa a la banca comercial. No lo tiene que ser.

Debemos recordar que cuando ocurrió el huracán María, fueron las cooperativas las que dieron servicios necesarios para que los ciudadanos a lo largo y ancho del país pudieran adquirir productos de primera necesidad.

En síntesis, para un desarrollo económico pleno y próspero, debemos ampliar y fortalecer las iniciativas de capital local, así como el empresarismo que surge del cooperativismo y la solidaridad económica. Esa debe ser nuestra aspiración como sociedad democrática y solidaria.