Si este 2020 hubo dudas sobre la transparencia de las elecciones y las alegaciones de fraude tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos estuvieron choretas, prepárese para lo que nos espera en 2024, a no ser que se hagan enmiendas a la ley electoral y se eleve a rango constitucional que para cambiar dicha ley tenga que haber aprobación de ¾ partes de la Legislatura.

Esto, sin duda, es un conflicto para la democracia porque tenemos dudas de la pulcritud de las elecciones, pero tiene soluciones muy sencillas. Ahora, no es algo que solo está ocurriendo aquí. Por el contrario, es una epidemia que se propaga en la mayoría de los estados, donde legisladores quieren escoger sus electores y no los electores a los legisladores.

En Puerto Rico, el problema está basado en un Código Electoral que se aprobó a la “trágala”, con la supuesta buena intención de hacer más accesible el derecho al voto a los ciudadanos. Pero ustedes recordarán las largas filas en los colegios electorales el día de las elecciones, porque se abrieron menos unidades y colegios electorales, lo que provocó que muchos votantes se fueran frustrados de esperar bajo el sol por horas. ¿Usted cree que el partido de gobierno no sabía que esto pasaría?

Mire, aumentaron el voto JAVA (Ausente, encamado, por correo y otros) sabiendo que gran parte de los electores no iban ni a salir de su casa ni a registrarse u orientarse con ello. Pero, el PNP y su gran equipo electoral muy bien aceitado sabía los vericuetos de la ley y sabiendo que muchos no saldrían de sus casas, ellos fueron a buscarlos con su liderato de barrio y de base. Eso que llaman la maquinaria. Los demás partidos que no tienen la misma maquinaria ni organización (y el PPD que tiene un serio problema de vagancia institucional) sucumbieron ante la incapacidad de tener estructuras análogas.

Todo el mundo sabe que Edwin Mundo está, literalmente, cuatro años trabajando en esos equipos, y que Rivera Schatz es experto en buscarle a la ley electoral estrategias que resulten en ventajas para su partido. De hecho, durante las elecciones de 2020, en Puerto Rico se registró una de las tasas de participación electoral más bajas en la historia y eso la Palma sabía que le beneficiaba. De ahí que aprobaran la ley electoral en junio de 2020, dejando sin espacio a los demás partidos a tener iguales maquinarias que ellos, que ya sabían lo que aprobarían desde el principio.

Solo un 55% de los electores ejercieron su sufragio, cuando antes en Puerto Rico lo ejercían sobre 80%. En la Isla hay prácticamente un consenso de que ese Código Electoral debe ser derogado, después del salpafuera que vimos en las primarias y las elecciones de 2020.

Mientras, en EE.UU., que no vota la mitad del electorado casi nunca, ahora se está buscando la forma de limitar el derecho al voto de las minorías a través de 250 proyectos de ley que restringirían la votación, particularmente de personas de origen afroamericano y de latinos.

O sea, mientras aquí el electorado va a votar en masa presencialmente, allá es lo contrario. Aquí, sabiendo que la gente no se iba a movilizar en masa a buscar alternativas electorales, aprobaron legislación que beneficiara buscar el voto casa por casa, lo cual el PNP tenía aceitado y los otros partidos, no. Bien juga’o por la Palma, pero el riesgo democrático es ineludible.

En EE.UU., sabiendo que los demócratas no tienen 60 votos en el Senado federal, los republicanos que dominan en los estados claves de Arizona, Georgia, Florida, Ohio, Iowa y otros, buscan maneras de suprimir el voto de los latinos y afroamericanos. El debate es cómo se puede dejar de lado el filibusterismo en el Senado federal y con eso poder aprobar una ley para evitar la supresión del voto a nivel de los estados dirigidos por republicanos.

En Georgia, donde los republicanos fueron golpeados tras perder la carrera presidencial y ambos escaños en el Senado, están cerca de aprobar leyes que requerirían una identificación con foto para votar por correo, eliminar el voto ausente sin excusa, limitar el tiempo en que se pueden usar buzones seguros y retrasar la fecha límite para solicitar una boleta de voto ausente. Esta propuesta también rechazaría la votación anticipada algunos domingos, porque los votantes minoritarios, 90% de afiliación demócrata, se dirigen a las urnas en masa después de ir a la iglesia. Los domingos, el 37% de los votantes tempranos en el estado son negros, en comparación con solo el 27% en otros días, según The Economist.

En tanto en Arizona, una medida requeriría que todas las papeletas de voto ausente fueran certificadas ante un notario y otra propuesta requeriría que los devolvieran en persona, en lugar de por correo. Las reglas electorales en EE.UU. son dispares y varían de estado en estado. En Vermont, por ejemplo, un delincuente puede votar mientras aún está en prisión, pero en un estado como Mississippi es posible que nunca recupere el derecho después de que se complete su sentencia.

Aquí en Puerto Rico, con el cuento de que querían proteger a los adultos mayores para que no se contagiaran con el COVID-19, se amplió el proceso de voto adelantado. Sin embargo, los partidos nuevos o minoritarios no tuvieron suficientes funcionarios de colegio que velaran que las papeletas no eran manipuladas o que los votantes no eran presionados a votar por el PNP o el PPD, colectividades que históricamente tienen estructuras políticas para convocar voluntarios para estos procesos.

Las dudas de las pasadas elecciones continuarán y seguirán siendo parte del debate público mientras no elevemos a rango constitucional la ley electoral.

Mientras algunos participaron y propusieron enmiendas al Código Electoral de Rivera Schatz, algunos hicimos la denuncia desde el principio de que no se podía jugar ese juego, porque Rivera Schatz diría que todos tuvieron oportunidad de participar y luego usaría eso de excusa para aprobar legislación que le conviniera al PNP más que a los demás partidos. Y el tiempo le dio la razón.

Si de verdad Pedro Pierluisi tiene un compromiso con la democracia, tiene que liderar un proceso hacia una ley de consenso elevada a rango constitucional para que no pueda ser enmendada la ley electoral a menos que tenga ¾ partes de la Legislatura.

De lo contrario, cada cuatro años estaremos a la merced de que en vez de los electores escoger a su gobierno, el partido de gobierno escoja a sus electores.