La Cámara de Representantes aprobó esta tarde una resolución que busca obligar al Departamento de Educación a proveer servicios educativos a los niños y niñas de educación especial durante la crisis del COVID-19, incluso en sus hogares.

“Durante la pandemia, el Departamento de Educación ha obviado la regla de hermenéutica impuesta por la Ley 238 al interpretar restrictivamente varios memorandos federales para el cumplimiento con la provisión de servicios educativos y relacionados a los menores con discapacidades”, dice el informe de la Comisión de Asuntos Internos que acompaña la medida, que pasa al escrutinio del Senado.

Sostiene el informe de la pieza legislativa que el Departamento de Educación de Estados Unidos, en interpretación de la ley federal IDEA, dispuso desde el pasado mes de marzo, que lo conocido en Puerto Rico como el Comité de Programación y Ubicación (“COMPU”), podría considerar proveer a cada menor con discapacidades como parte de su Programa de Educación Individualizado (PEI) un plan de contingencia donde, inclusive, se podrá incluir los servicios educativos y relacionados a ser brindados en el hogar.

“No obstante, el Departamento de Educación de Puerto Rico, obviando la Ley 238-2004, ha optado por la interpretación más restrictiva para los menores, pretendiendo que los padres tengan las destrezas pedagógicas para trabajar solos los servicios de menores con discapacidades más significativas y exponiendo a los menores a regresión”, dice la medida del representante novoprogresista Rafael “June” Rivera.

Establece, además, que la agencia no ha considerado un plan de contingencia para brindarles los servicios educativos con asistentes de servicio e intérpretes, que sean necesarios en la localización alterna, entiéndase hogar o cuido, para evitar la regresión y otras consecuencias adversas para el menor con discapacidades".

Otras medidas aprobadas

La Cámara también aprobó a viva voz hoy el Proyecto 2595, que impone penalidades a las personas que no utilicen mascarilla como requieren las ordenes ejecutivas por el COVID-19, pero la medida se dejó en asuntos pendientes porque La Fortaleza “está promoviendo unas enmiendas”, dijo el portavoz de la mayoría novoprogresista, Gabriel Rodríguez Aguiló.

La medida de administración, propone añadir un nuevo inciso (f) en el Artículo 6.14 de la Ley Núm. 20 de 10 de abril de 2017, según enmendada, mejor conocida como “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, a los fines de establecer como conducta delictiva el incumplir en el uso de mascarillas, cubre bocas o bufandas en caso de una pandemia o epidemia decretada por Orden Ejecutiva.

La Cámara aprobó también una medida que crea el Fideicomiso Independiente de Becas de la Universidad de Puerto Rico (Proyecto 2595) y enmendó la Resolución del Senado 594 que autoriza al Departamento de Hacienda a conceder préstamos a agencias del gobierno por la emergencia del COVID-19.

De igual forma, acogió las enmiendas del Senado al Proyecto 2636, que extiende de 6 a 8 años la vigencia de la licencia de conducir. Esta medida pasa a la firma de la gobernadora, Wanda Vázquez Garced.

También para la firma de la Gobernadora va el Proyecto 1969, que enmienda la Ley de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, para establecer uniformidad en los requisitos de educación continua para los profesionales de la salud.

La Cámara recesó sus trabajos hasta el próximo lunes, 5 de octubre.