1,679 días; 1, 2, 3 pescao
“Puerto Rico está en un momento donde todos sus buitres nos rondan y buscan cualquier excusa para que tengamos que pagarles más y más. ¿Cuántos gastos hemos recortando? ¿Cuántas agencias hemos reformado?”
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 3 años.
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Aunque en menos de una semana la Junta de Supervisión Fiscal tendrá que presentar ante la jueza Laura Taylor Swain el Plan de Ajuste de la Deuda de Puerto Rico con los acuerdos preliminares que se supone que se haya llegado con los bonistas, el gobernador Pedro Pierluisi le pidió ayer a la junta $700 millones más para gastar en el próximo año fiscal. Pese a que de ese dinero el gobernador quiere asignar $94 millones para la Universidad de Puerto Rico y otros $50 millones para el Centro Comprensivo de Cáncer, lo cierto es que su pedido tiene varias píldoras venenosas como por ejemplo pedirle a la junta $50 millones para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2022 y $1.3 millones para pagarle $174,000 anuales a los seis delegados especiales o cabilderos de la estadidad.
Con estas cartas sobre la mesa, Pierluisi pretende que vayamos el próximo miércoles dónde la jueza Swain y los acreedores para intentar pactar cómo, cuándo y cuánto empezaremos a pagar de la deuda. ¿Qué piensa usted que dirán los bonistas cuando vean que en el presupuesto estamos destinando 700 millones para seguir gastando de los cuáles no tenemos seguridad cuál es su retorno de inversión o cuando vean que queremos sumar más cabilderos a los que ya pagamos en la capital federal y en la Isla dirán que está todo Gucci o fuchi? La verdad, es duro plantear esta columna y escribirla. A mí me cuesta haber dicho que necesitábamos una ley de quiebras y que si venía una Junta con ella, ni modo. No somos más lindos que los demás. Hace seis años, el gobernador Alejandro García Padilla y el comisionado residente Pedro Pierluisi fueron a pedir acceso a una ley de quiebras para reestructurar nuestras finanzas. Allí pidieron ayuda de exgobernadores, quienes también se unieron al combo. Aníbal Acevedo Vilá y hasta Luis Fortuño se unieron a pedir una ley que permitiera rehacer nuestras finanzas. Había consenso en que la Isla no podría pagar sus obligaciones.
Pero, voces disidentes como Ricardo Rosselló y Jenniffer González decían que Puerto Rico podía pagar toda su deuda si tenía disciplina fiscal. Luego, surgieron voces análagos como Carlos Colón de Armas que advertía que Puerto Rico tenía que entrar de una a disciplina fiscal y redirigir fondos a la UPR y educación para poder salir del hoyo que cavamos para mantener un gobierno disfuncional atado a la política partidista. Carlos, con quien tuve tantas diferencias, pero a quien siempre respeté, decía que el problema era el mal gasto y que habíamos dejado de invertir para gastar.
Puerto Rico había sido dejado sin acceso a la ley de quiebras federal desde 1984 en una rara enmienda empujada por grupos ajenos entonces. Esa nociva maldición nos haría empinado el camino en 2014 cuando nos degradaron el crédito a chatarra porque se sabía que no podríamos pagar todas las deudas asumidas, incluyendo los bonos y el retiro que poco a poco ascendería a ser más el dinero para pagarle a los 200,000 empleados públicos retirados que al propio departamento de Educación. Ya vamos en $2 billones para pagar las pensiones de los empleados públicos retirados y 1,679 días sin pagar la deuda que estaba garantizada con la Constitución. Le decíamos a los bonistas que primero le pagábamos a ellos que a todos, pero resultó ser una quimera, otro embuste como tantos otros que decimos alegando en el papel algo que nunca se implementa en la acción. Entonces, caímos en las manos de los fondos buitres que vieron en nuestra ignominia su presa más fácil. Convencieron a los republicanos que nos dijeron que si queríamos una ley de quiebras, teníamos que aceptar una Junta que nos supervisara como le pasó a Detroit, Grecia y a tantos otros países que caen en el lago de azufre de la insolvencia.
Y así fue como el 3 de mayo de 2017, el gobernador que decía que se podía pagar toda la deuda declaró todo lo contrario y pidió activar la ley PROMESA y así empezar el proceso en los tribunales a ver cómo se hacía. Hubo reuniones confidenciales en New York y Washington, donde estaba el gobernador y su equipo más íntimo reuniéndose con los acreedores y negociaban, pero era en vano. Pierluisi y Alejandro tenían razón, era inevitable un proceso de quiebra y aunque viniera una Junta, no quedaba de otra porque lo contrario era que los bonistas y acreedores se quedaran con la colateral, igual que cuando tú no pagas tu casa y el banco te la embarga y ejecuta.
Puerto Rico está en un momento donde todos sus buitres nos rondan y buscan cualquier excusa para que tengamos que pagarles más y más. ¿Cuánto realmente hemos cambiado? ¿Cuántos gastos hemos recortando? ¿Cuántas agencias hemos reformado? ¿Cuántos municipios hemos reducido? ¿Cuántos edificios rentados a empresas privadas hemos mudado a las escuelas públicas cerradas? ¿Cuántos contratos hemos eliminado? ¿Cuánto hemos aprendido y cuánto hemos hecho en introspección tras años y años de malos gastos?
El miércoles tendremos algunas respuestas. Dios ha sido bueno con nosotros, quizás, demasiado bueno.
Nacido en Chicago y criado en San Lorenzo, el licenciado Jay Fonseca estudió en escuela pública. Fue a la UPR a estudiar empresas y derecho luego de teología. Es analista político en Telemundo y WKAQ 580. Autor del libro “Banquete Total: Cuando la Corrupción dejó de ser ilegal” y por una década fue columnista en Primera Hora. Supera el millón y medio de seguidores en Facebook, Instagram y Twitter, lo que lo convierte en uno de los principales “influencers” de la Isla. Es padre de una niña y tiene un app bajo su nombre, Jay Fonseca.
Esto tiene salvación
Esta columna busca proponer soluciones de manera muy sencilla a las situaciones actuales que afectan el País.