Culpas repartidas

El escándalo de la compra a sobreprecio de los terrenos que pertenecen al Corredor Ecológico del Noreste (CEN) debe ser investigado por el Senado hasta las últimas consecuencias. Decimos que tiene que ser investigado por el Senado porque ante este cuerpo legislativo hay dos medidas, presentadas desde el 6 de marzo y el 5 de junio de 2013, que están engavetadas. La periodista y escritora Mayra Montero denunció en detalle, en su columna del 9 de febrero en El Nuevo Día, la escandalosa situación que abarca las administraciones de Aníbal Acevedo Vilá, Luis Fortuño y la actual de Alejandro García Padilla. Según la denuncia, a los proponentes de los frustrados proyectos San Miguel Resort y Dos Mares Resort se les pagaron $28 millones por terrenos que fueron tasados en muchísimo menos, gracias a un acuerdo al que llegaron con el gobierno de Acevedo Vilá y que tanto Fortuño como García Padilla, en vez de paralizarlo y ordenar que se investigara el asunto, terminaron de desembolsar los fondos públicos con los que se pagó por recuperar los terrenos, que pertenecen al CEN. Como si esto fuera poco, en vista de ese funesto acuerdo, el proponente de otro frustrado proyecto, el de Costa Serena, que había cobrado unos $4 millones del gobierno, ahora quiere que le den $30 millones, amparado en las “comparables” de los otros terrenos. El portavoz penepé en el Senado, Larry Seilhamer, autor de la Resolución del Senado 177 del 6 de marzo de 2013 y de la R. del S. 375 del 5 de junio siguiente, denunció que el gobierno viola la ley del CEN con la compra de terrenos a sobreprecio. La primera medida propone que la Comisión de Recursos Naturales, Ambientales y Asuntos Energéticos del Senado analice esta transacción de los terrenos del CEN cubriendo los años desde el 2007 hasta el presente. La segunda medida, en tanto, propone que la misma comisión senatorial investigue la adquisición por parte del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de dos predios de terreno en Fajardo que forman parte también del CEN, a un costo de $3.5 millones. “Desde el 2007 se establecieron unos precios que no corresponden al valor real de esos terrenos. En ese momento, la tasación contemplaba el desarrollo de dos proyectos turísticos. Sin embargo, nunca se obtuvieron permisos de construcción, ya que se dispuso mediante legislación que esos terrenos deben preservarse por su valor ecológico”, planteó Seilhamer, cuyas dos medidas están paralizadas en el Senado. ¿Por qué siguen engavetadas estas resoluciones? ¿Quién no quiere que se investigue el escándalo? Que responda el portavoz de la mayoría popular, Aníbal José Torres, a quien toca darle paso a las medidas.

El cabro vela las lechugas

Ante los informes de la Contraloría sobre diferentes municipios y la situación de déficit presupuestario de algunos de ellos, no sería difícil adivinar lo que pasaría si los gobiernos municipales fueran los encargados de cobrar la totalidad del Impuesto sobre Ventas y Usos (IVU). Esta es una de las propuestas que se baraja debido a que el Departamento de Hacienda se queda corto en la recaudación del IVU estatal mientras los gobiernos municipales son más proactivos en esta función. ¿Porqué el gobierno no implanta el mismo sistema que se utiliza en la Lotería Electrónica, mediante el cual la transacción se registra automáticamente en vez de depender de informes manuales que el comerciante rinde una vez al mes? Si la compañía que opera la Lotería Electrónica ha demostrado tanta eficiencia, al gobierno le convendría contratar a esa o a otra que ofrezca los mismos servicios para garantizar el recaudo automático del IVU.

No dice ni pío

Parece que el ex gobernador Luis Fortuño pretende que los cuatro años de su administración pasen desapercibidos, por lo que se ha autoimpuesto un silencio público para no autoincriminarse. El descalabro fiscal del gobierno, con la consiguiente degradación a nivel de chatarra de sus bonos por parte de las casas acreditadoras, mantiene a Fortuño mudo. Ni tan siquiera asume públicamente responsabilidad vicaria por haber “aportado” $16,555 millones a la deuda pública para subirla al nivel de $69,948 millones. Claro está, con su actitud de pasar la página y no adjudicar responsabilidades, el gobernador Alejandro García Padilla le ha facilitado a Fortuño pasar con fichas.

“Off the record”

Se le acaba el tiempo

Al gobierno de Alejandro García Padilla se le está haciendo tarde para atender el tema de reforma electoral y acabar con el monstruo de dos cabezas que constituyen la Comisión Estatal de Elecciones y la oficina del Contralor Electoral, que más bien es un carísimo censor electoral.