Chapucería legislativa

La confrontación entre la Rama Judicial y las otras dos ramas de gobierno por la retroactividad que se le añadió a última hora a la legislación de reforma de las pensiones judiciales es responsabilidad única de los presidentes legislativos, Eduardo Bhatia y Jaime Perelló.

La medida de administración fue deformada en la oscuridad de la noche en obvio contubernio entre sus presidentes, a pesar de que existía un acuerdo sobre el contenido del proyecto a aprobarse. Cuando lo envió a la Cámara de Representantes, el gobernador Alejandro García Padilla consignó que la Constitución “impide que se les reduzcan las compensaciones a los jueces que están en su puesto”. De hecho, ese era el acuerdo y el mismo título de la medida hablaba de aplicación prospectiva.

Además, las agencias del Ejecutivo, comenzando por el Departamento de Justicia, respaldaron con ponencias ante la Legislatura el proyecto original, con énfasis en que cualquier reforma al sistema de pensiones judiciales “tenía que ser prospectiva por mandato constitucional”. Pero, al discutirse el proyecto en la Cámara, un sábado al filo de la medianoche, se introdujo una serie de enmiendas a viva voz que tuvieron el efecto de afectar retroactivamente a los jueces en funciones.

Aunque las enmiendas se aprobaron originalmente en la Cámara, es un secreto a voces que fueron coordinadas con el liderato popular en el Senado, que posteriormente las avaló. ¿Por qué se incumplió el acuerdo? ¿De quién es la mano siniestra que viró la tortilla y provocó la confrontación constitucional actual?

Errores y horrores

La Ley 162 de 2013, la que reforma las pensiones de los jueces, tiene dos fechas de vigencia. Por eso, los jueces que el gobernador nombre entre el 24 de diciembre pasado, día en que firmó la ley, y el 30 de junio próximo, serían elegibles a una pensión menor que los que sean nominados a partir del 1 de julio de este año.

Actualmente hay unas 25 vacantes en los tribunales, a nivel apelativo, superior y municipal, además de que el cargo de juez presidente quedará vacante en abril debido al retiro mandatorio por edad del incumbente, Federico Hernández Denton. Asimismo, se dice que podría surgir otra vacante en ese foro.

Debido al disparate legislativo, es obvio presumir que los candidatos a las vacantes judiciales van a preferir ser nombrados después del 1 de julio. Si no se nombra un juez presidente para sustituir de inmediato a Hernández Denton, se creará un bache perjudicial a la administración de la Rama Judicial y del propio Tribunal Supremo. Aparte del efecto negativo de esta situación sobre el poder nominador del gobernador, la Legislatura no podría ver el nombramiento en la sesión ordinaria próxima, que termina el 30 de junio.

Amigo entrañable

La directora ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Zulma Rosario, que investiga al ex secretario de Justicia Luis Sánchez Betances por asistir a un “amigo del alma” en problemas con la Policía, también tiene su historia. Primera Hora publicó el 25 de marzo de 2011, que Rosario le escribió a jueces del Tribunal Supremo para que se readmitiera como abogado a su “amigo entrañable” Juan R. Cotto Vives, hermano de Nydia Cotto Vives, presidenta del Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI). Luego lo nombró director auxiliar de investigaciones de la OEG.

“Off the record”

Un candidato en casa

La Junta de Gobierno de WIPR, que no quiere nombrar presidente de la estación a Juan J. Valentín, el recomendado del  gobernador,  tiene en la propia casa a un candidato obvio: Raúl Carbonell, hijo. Actor, productor  y abogado, Carbonell parece pintado para el cargo.