Engavetadas

El portavoz popular senatorial, Aníbal José Torres, está sentado desde el año pasado sobre dos medidas radicadas por su homólogo penepé Larry Seilhamer, relacionadas con el escándalo de la compra a sobreprecio de terrenos pertenecientes al Corredor Ecológico del Noreste (CEN). Torres, en su calidad de portavoz de la mayoría, también preside la Comisión de Reglas, Calendario y Asuntos Internos, que es el cedazo por el que pasan las medidas a ser discutidas en el pleno senatorial.

La Coalición Pro Corredor Ecológico del Noreste, que ha denunciado en más de una ocasión que el Gobierno pagó $36 millones por terrenos que valían muchísimo menos, como detallamos en la columna de la semana pasada, está solicitándole a Torres que le dé paso a la Resolución del Senado 177, radicada por Seilhamer el 6 de marzo de 2013 y que duerme el sueño de los justos en una gaveta. Esa resolución propone que la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales del cuerpo legislativo realice un estudio sobre la adquisición por parte de tres administraciones de gobierno, desde el 2007 al presente, de esos terrenos, que forman parte del CEN.

Un primer acuerdo, para la compra por el Gobierno de terrenos en los que se proponía ubicar el proyecto San Miguel Resort, se firmó durante la administración de Aníbal Acevedo Vilá, en la que Torres se desempeñó como secretario de la Gobernación. Transacciones subsiguientes para comprar terrenos del CEN se efectuaron bajo la administración de Luis Fortuño y en mayo de 2013, ya bajo la administración actual de Alejandro García Padilla, se adquirieron otros terrenos donde se proponía construir otro proyecto turístico conocido como Dos Mares Resort.

Seilhamer, quien radicó en junio de 2013 una segunda resolución para que se investigue la transacción de los terrenos de Dos Mares, también reclamó sin éxito la semana anterior que Torres diera paso a las pesquisas. La Coalición emplazó ahora a Torres para que actúe de inmediato y pueda determinarse si la compra de los terrenos se efectuó “correcta y legalmente”. La presidenta del grupo, Angie Colón, le recordó con toda razón a Torres que su deber y el de todo funcionario es asegurar el uso responsable de los fondos públicos, particularmente ante la crisis fiscal por la que atraviesa el gobierno. Ahora bien, si Torres cree que puede tener un conflicto de intereses debido a que él era secretario de la Gobernación en el 2007, cuando se concretó la primera transacción, entonces debe notificárselo al presidente del Senado, Eduardo Bhatia, para que este decida qué hacer.

No es lo mismo

Una medida radicada por el portavoz de la mayoría en el Senado, Aníbal José Torres, para uniformar en $1,000 el bono de Navidad de todos los empleados del gobierno, incluyendo a los de las corporaciones públicas, plantea una incongruencia. El bono navideño de los empleados públicos se basa en legislación específica sobre ese asunto, mientras que el que reciben los empleados unionados de las corporaciones públicas surge de convenios colectivos negociados con el patrono y ratificados por sus respectivas matrículas.

Para uniformar el bono de Navidad como propone Torres, habría que enmendar la esencia de lo que es una corporación pública. Además del P. del S. 959, Torres radicó otras dos medidas que deben atenderse con prioridad porque buscan controlar los ajustes y aumentos salariales que se otorgan a empleados de confianza, a la luz de los informes publicados sobre pagos exorbitantes por este concepto.

Sin norte

La Oficina de Servicios Legislativos (OSL) se creó para analizar la constitucionalidad de las propuestas de los legisladores y evitar la duplicidad y los conflictos con leyes federales aplicables a Puerto Rico. Antes, los legisladores comunicaban de antemano a la OSL los temas sobre los que querían radicar medidas y se cumplía con tales parámetros. Pero, al cabo de los años la OSL ha sido relegada y la gran mayoría de los legisladores tiene personal que les prepara la legislación a radicarse, sin pasar por la OSL. Aunque denota un fin loable, un proyecto aprobado recientemente por el Senado prohíbe que menores de 14 años hagan ventas o colectas en las luces. Lo cierto es que la prohibición existe desde 2004 en la Ley de Tránsito y aplica a todo individuo, no solo a los menores. Solo se exime la venta de periódicos.

“Off the record”

Misael Santana Urrutia, el chofer de La Fortaleza suspendido  porque dos funcionarias lo  “chotearon” por escuchar  una emisora de noticias en el radio del auto oficial a pesar de un memo que lo prohibía,  fue exonerado finalmente. Pero,  ¿no se le va a compensar por el trago amargo?