Por José R. Nadal Power / Senador

El Congreso de los Estados Unidos debe aprobar cuanto antes incentivos para atraer más inversiones de la industria farmacéutica a Puerto Rico. La atracción de más industrias puede lograr la creación de miles de empleos y la llegada de las grandes cantidades de inversiones que nuestra economía necesita para crecer sostenidamente.

Tras el editorial del diario New York Post publicado el pasado 7 de marzo respaldando la aprobación de beneficios contributivos para que empresas farmacéuticas estadounidenses se establezcan en Puerto Rico, ha revivido la discusión sobre la necesidad de nuevas herramientas para que la isla pueda atraer inversiones y reactivar su economía. Solamente nueve días después, el 16 de marzo, la revista Forbes se hizo eco del editorial del Post y apoyó la aprobación de incentivos contributivos para las industrias farmacéuticas en Puerto Rico, a cambio de que se eliminen las exenciones tributarias de las que gozan los bonos del Gobierno del Estado Libre Asociado.

Estas son excelentes noticias para Puerto Rico, ya que puede abrir las puertas para una discusión franca con el liderato de la Cámara y Senado de los Estados Unidos sobre cómo beneficiar a Puerto Rico con el menor impacto posible en los contribuyentes. Pero esta oportunidad no puede desaprovecharse, se requiere de un solo mensaje por parte del liderato político y del sector privado para persuadir a los congresistas, a la Casa Blanca y a agencias como el “Government Accountability Office” (GAO) sobre la conveniencia y necesidad de estímulos que compensen por las pérdidas que ocasionó en Puerto Rico la eliminación de los antiguos incentivos 936.

Una razón por la cual no se han logrado nuevas concesiones por parte del Congreso para atraer inversiones industriales a la isla ha sido la mezquindad política. Cuando en 1994 cobró vida en el Congreso la idea de eliminar los incentivos 936, que tantos empleos y riqueza creaban en Puerto Rico, el entonces Gobernador Pedro Rosselló violentó su deber de lealtad hacia el pueblo que lo eligió al comunicarle al entonces Presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, Bill Archer, que las 936 no hacían falta. En otras palabras, no hacían falta los sobre 100,000 empleos directos bien remunerados que habían en sobre 400 industrias ubicadas en los 78 municipios de Puerto Rico, sin incluir la importancia para la economía de los empleos indirectos y los depósitos de dichas empresas en nuestras instituciones financieras.

En una carta a Archer, fechada 15 de diciembre de 1995, Rosselló le manifiesta su “apoyo vehemente” a las acciones que comenzó a tomar el Congreso en cuanto a la eliminación de las 936 y que “no está abogando” por su retención sino por un crédito contributivo sobre el empleo que nunca terminó materializándose. Rosselló lo entregó todo a cambio de nada, y le dio a los enemigos de Puerto Rico en el Congreso la excusa perfecta para dar el tiro de gracia a nuestra economía.

Pero la historia no termina ahí. Cuando en el 2002, bajo la gobernación de Sila M. Calderón se comenzó a impulsar alternativas a la 936 mediante la creación de una sección 956 al código de rentas internas federal, Rosselló reapareció para cabildear en el Congreso en contra de la propuesta. Muchos años más tarde, cuando en diciembre de 2017 el Congreso se disponía aprobar la reforma contributiva federal impulsada por el Presidente Donald Trump, la Comisionada Residente Jenniffer González se opuso a las propuestas del sector privado de Puerto Rico para crear incentivos para atraer industrias con capacidad de crear miles de empleos. Estas propuestas fueron respaldadas en Washington por el entonces Gobernador Ricardo Rosselló, el ex Gobernador Alejandro García Padilla y casi todo el liderato legislativo del Partido Popular Democrático. Pero la mezquindad prevaleció y Puerto Rico salió perdiendo con la legislación tributaria aprobada.

¿Qué ha llevado a parte del liderato del Partido Nuevo Progresista a oponerse a través de los años a que el Congreso mantenga o apruebe incentivos tributarios para beneficiar a Puerto Rico? La respuesta es la obsesión con que la única agenda relacionada a Puerto Rico en Washington sea la de convertir a la isla en el estado 51 de los Estados Unidos, aunque ello signifique destruir empleos, hundir la economía y deteriorar la calidad de vida de los puertorriqueños. Como no puede haber un trato contributivo distinto para Puerto Rico bajo la estadidad, pues no quieren que ocurra ahora tal trato distinto por supuestamente ser incompatibles con su agenda sobre el estatus. Olvida ese liderato estadista que mientras más se deteriore la economía de la isla, más difícil será la tarea de ellos convencer al Congreso de que admita a Puerto Rico como estado.

En sus editoriales, tanto el “New York Post” como “Forbes” citan un estudio del “Tax Foundation”, un reconocido “think tank” de Washington, en el cual se concluye que el origen definitivo de la crisis económica, y luego financiera, de Puerto Rico fue la eliminación de los incentivos 936. En otras palabras, aquella carta de Pedro Rosselló desencadenó, junto al irresponsable endeudamiento por parte de administraciones posteriores, la crisis que nos ha traído a los tiempos de pérdida de población, fuga de talento, quiebra y Junta de Supervisión Fiscal.

Los referidos editoriales enfatizan en que la eliminación de las 936 afectó mucho a Puerto Rico pero tampoco benefició a los Estados Unidos. Las operaciones industriales que se fueron de la isla se mudaron a lugares como Irlanda, Singapur y China, provocando a su vez una nueva crisis de seguridad, debido a que ahora los Estados Unidos depende de importar desde países extranjeros los medicamentos que consume. Son lecciones de las que se debe aprender.

Ha llegado una nueva oportunidad de poner al país primero, Puerto Rico necesita del desprendimiento de todo su liderato político y empresarial para solicitarle al Congreso con una sola voz que repare el daño causado al derogarse los incentivos 936. Sería una ganancia para los Estados Unidos y Puerto Rico. También sería una ganancia para todos los sectores políticos en la isla aunque algunos no lo vean, ya que solo con una economía robusta Puerto Rico podría sobrevivir y hacer una transición (si los ciudadanos así lo deciden) hacia la estadidad o hacia la soberanía independiente. Nunca olvidemos que la meta es el bienestar de la gente y no las ideologías.