Los cerca de 350,000 residentes de Puerto Rico cuya edad avanzada o discapacidad les haría elegibles para recibir los beneficios del Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) recibieron una puñalada del Tribunal Supremo federal.

En su decisión del caso US v Vaello Madero, ocho jueces cobardes dejaron guardado en la gaveta el poder que tienen para revocar precedentes y tomar decisiones en protección de los más vulnerables. Olvidaron que al ser los últimos intérpretes de la Constitución de los Estados Unidos, pueden cambiar la práctica histórica y crear nuevas realidades que protejan a los puertorriqueños más necesitados.

Uno de estos puertorriqueños es Don José Hernández Quiñones, quien fue beneficiario del SSI en Florida mientras estuvo allá después del huracán María, pero lo perdió una vez decide regresar a su hogar en la isla. En un reportaje de este diario, Don José compartió su pensar: “Lo que se pide es justicia, como ciudadanos americanos que somos.”

La decisión del Supremo no es excusa para abandonar a Don José y la lucha por la igualdad. El Juez Neil Gorsuch, uno de los jueces de la decisión mayoritaria en el caso de Vaello, planteó un punto importante en su opinión concurrente: ya es hora de que los puertorriqueños luchen por que se revoquen los Casos Insulares. Es precisamente el legado de estos casos el que ha perpetuado por más de 100 años la desigualdad de derechos entre Puerto Rico y los Estados Unidos.

El Tribunal Supremo Federal optó por lavarse las manos y abandonar a los más necesitados con el pretexto de que los puertorriqueños no pagan impuestos federales. El único voto disidente fue de la mano de la Jueza Sonia Sotomayor. Acentúa que la decisión de la mayoría pierde de perspectiva que los ciudadanos americanos con elegibilidad a participar del SSI son tan pobres que ni pagan impuestos.

Esta última puñalada demuestra una vez más que lo que hace falta es iniciativa colectiva para conformar un movimiento de país que se una para lograr, ya sea en el Congreso o en el tribunal, la igualdad que nos corresponde. Ahora necesitamos que la clase política puertorriqueña asuma su responsabilidad, abandone su fanatismo acostumbrado y entienda que esto es un problema urgente que requiere esfuerzos conjuntos para una solución inmediata.