Hace poco más de un año, la situación laboral en Puerto Rico era una muy difícil. Resultaba común ver gente decepcionada, en su mayoría jóvenes, de tantas solicitudes de empleo que habían llenado y de ninguna recibían ni siquiera una respuesta negativa. Los anuncios clasificados en los periódicos, cada vez eran más escasos y rara vez se veían empresas colocando anuncios buscando personal para emplear. Esa frustración, en muchos casos, se traducía en la compra de un pasaje a los Estados Unidos, separándose de su familia y perdiendo ese calor de hogar, mientras como país perdíamos una valiosa mano de obra.

Con la llegada de la pandemia del COVID-19, en una ya maltrecha economía, surge una avalancha de desempleo más grande que la capacidad de lo que el Departamento del Trabajo podría manejar. También comenzaron a llegar estímulos económicos del gobierno federal y con ellos extensiones y aumentos al beneficio del Programa del Desempleo regular, así como el Pandemic Unemployment Assistance (PUA). En la suma y resta, resulta que ha sido más beneficioso para muchas personas vivir de esas ayudas ya que, en la mayoría de las ocasiones, estaban ganando mucho más en su casa de lo que ganaban mientras trabajaban. Hoy es notable la cantidad de anuncios frente a diversas empresas buscando personal ante la necesidad urgente de aumentar su plantilla laboral.

Ahora sobran ofertas y escasean las manos disponibles. Esta situación no es culpa de quienes han optado por seguir recibiendo los beneficios, mientras duren, en lugar de regresar a trabajar. Lo que hoy vemos es que no debe ser ningún secreto que un salario de $7.25 por hora no es ni siquiera razonable para vivir dignamente.

Ante ese panorama, un aumento al salario mínimo representaría una excelente noticia y podríamos pensar que no debe haber oposición. Pues sí, lamentablemente la hay, mientras el asunto está en discusión tanto a nivel local como a nivel federal. De hecho, la administración del presidente Biden impulsó legislación para un aumento por fases del salario mínimo hasta alcanzar los $15.00 por hora, pero la misma no tuvo éxito en el Senado federal, gracias a los sectores más conservadores de la política norteamericana.

Puerto Rico se rige por legislación federal que establece un salario mínimo. De hecho, en una movida “cómoda”, para el año 1998 se estableció mediante legislación local que nuestro salario mínimo sería el mismo que se fije a nivel federal. Curiosamente, la legislación federal no prohíbe a cada jurisdicción la facultad de aumentarlo. Por otra parte, nuestra Constitución establece el derecho de todo/a trabajador/a para un “…salario mínimo razonable…”, dejando así abierta la posibilidad de que el mismo varíe según la razonabilidad del tiempo en que se viva.

Hay una necesidad urgente de que aumente el salario mínimo en Puerto Rico y esto debería ocurrir independientemente de la discusión en el Congreso de Estados Unidos. Ciertamente, aumentar el salario mínimo representa un paso importante en acortar la brecha de desigualdad y pobreza en un país donde la clase media ha ido extinguiéndose. Al final del día, el propósito constitucional de la existencia de un salario mínimo es establecer un mecanismo eficaz para enfrentar la explotación laboral.

Del mismo modo, ofrecería mayores oportunidades de empleo estable, ya que las empresas tendrían la oportunidad de invertir a largo plazo en trabajadores/as con una remuneración más elevada y motivación para permanecer ahí. Nuestra clase obrera merece un salario digno y esa es la base para un repunte en nuestra economía. Las ayudas son buenas, pero no son recurrentes y construir sobre eso sería construir sobre la arena.