En labios del presidente Joe Biden, la paridad para Puerto Rico corre el riesgo de sufrir la misma maldición que la palabra transparencia en labios de los políticos puertorriqueños, se menciona mucho, pero se logra poco.

La semana pasada, Biden envió su proyecto de presupuesto para la evaluación del Congreso y volvió a mencionar la deseabilidad de que la isla tuviera supuesta paridad en tres programas: el de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), Medicaid y el de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

Es la segunda vez que lo hace. La primera no lo consiguió, y ahora no se espera que el tema se mueva realmente en los pasillos congresionales hasta que pasen las elecciones de legisladores en noviembre. En ambas ocasiones, su deseo de paridad se expresa a la misma vez que su administración mantiene un caso en el Tribunal Supremo federal en contra de extender a los puertorriqueños beneficios bajo el SSI.

Hasta ahora, el supuesto empuje de Biden por paridad real y permanente para Puerto Rico ha sido de la boca para afuera. Buchipluma ná má, como dirían en el campo.

Estos esfuerzos van a hacer una diferencia palpable cuando se consiga equiparar el trato, no solo en estos tres programas sino en decenas de otros que todavía no son extensivos a los puertorriqueños o bajo los que se nos trata de manera discriminatoria. Pero, más que nada, se verá una diferencia cuando se enfoque en aquellos programas que van directo al bolsillo de los residentes de Puerto Rico.

De los tres que Biden pidió al Congreso, el SSI y SNAP van a la gente y un cambio traería un impulso económico billonario que va a beneficiar a los residentes con el mismo efecto inmediato que tuvieron, por ejemplo, las ayudas por la pandemia

Ahora bien, si los residentes de Puerto Rico pudieran beneficiarse del SSI, unas 350,000 personas recibirían todos los meses hasta $841 ($1,261 si es una pareja). Esto es dinero que llega de inmediato a las manos de gente necesitada y no al gobierno.

Si el SNAP se aplicara a Puerto Rico, estamos hablando de más beneficios que los que actualmente están disponibles bajo el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y también de la posibilidad de que más familias cualifiquen. Se ha estimado que el SNAP alcanzaría a 85,000 familias más de las que tienen acceso al PAN. Dependiendo del tamaño de la familia, la diferencia en el pago es de entre $46 a $162 mensuales adicionales.

Estos son los tipos de programas, de beneficio directo al bolsillo, por los que hay que presionar en la capital federal y por los que el presidente debe hacer un esfuerzo real de aprobación en el Congreso ahora, cuando todavía tiene una ventaja leve, y no esperar a después de noviembre, cuando hay un alto riesgo de que se elimine esa ventaja y se enfrente a una mayoría republicana en ambas cámaras.