En favor de proteger el bienestar y la calidad de vida de nuestros ciudadanos, la Orden Ejecutiva vigente ha sido una herramienta clave de prevención y seguridad pública. Sin embargo, al evaluar el impacto del toque de queda sobre la economía de los municipios, debemos admitir que ha impuesto un golpe severo, que tendrá efectos inevitables sobre la operación de los ayuntamientos y los servicios que esperan los ciudadanos en este año y el próximo.

La mayor parte de las empresas y la actividad comercial tradicional continúa inoperante en respuesta a la orden de emergencia, provocando una retracción de la base tributaria local, especialmente en las ventas de bienes y servicios, en el consumo, en la actividad de los bancos, en las transferencias y uso de propiedades, en el sector de la construcción y en otros. El resultado general para los municipios ha sido una reducción significativa en sus finanzas.

Sin los ingresos que regularmente provienen de patentes municipales, impuestos sobre ventas y usos, contribuciones sobre la propiedad y arbitrios de construcción, los municipios deben trazar de inmediato aquellas medidas indispensables para reducir el impacto que estas condiciones económicas tendrán sobre los ciudadanos.

Hay que tomar en consideración que en Puerto Rico los municipios son uno de los patronos más grandes, con una fuerza laboral de miles de empleados, quienes, a su vez, proveen servicios para centros de salud, seguridad, emergencias, desperdicios sólidos, cuidado de envejecientes, mantenimiento de las carreteras y más.

Estas medidas deben contemplar para los municipios la revisión de la estructura de gastos operacionales, el refuerzo en las medidas de cumplimiento y supervisión fiscal, la implementación de mecanismos de equiparación que excluyan a los municipios de cargos impuestos por el estado, la reducción gradual de exenciones contributivas, la implementación de métodos agresivos de captación y la flexibilización de los presupuestos e informes requeridos.

El impacto del COVID-19 no ha dejado el espacio para negar que el gobierno debe ajustarse a las circunstancias e implementar iniciativas innovadoras, con el fin de estimular el sostenimiento y el desarrollo de la economía de cara a un futuro todavía incierto. Puerto Rico está en una coyuntura socioeconómica que requiere, más que antes, la agilización de las medidas de asistencia económica fuera de consideraciones personales o partidistas.

Con una asignación que sobrepasa los $2.5 mil millones bajo la reciente Ley Federal CARES, aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente Donald Trump para proveer alivio económico ante el impacto del coronavirus, los más $8 mil millones aprobados por el congreso para proyectos de mitigación en la Isla y los cerca de $10,000 millones asignados a Puerto Rico bajo los fondos CDBG-DR para la recuperación de la Isla tras el embate del huracán María, el gobierno central tiene el potencial de reactivar el sector económico de una manera significativa si agiliza y pone en marcha las iniciativas de inyección económica y obra pública indispensable con la asistencia de los municipios mediante un proyecto proactivo y transparente.

A la contracción económica potenciada por el COVID-19 debería responderse con iniciativas que consideren el escenario económico actual, a fin de evitar que un futuro similar acabe por clausurar el trabajo de miles de pequeños negocios, hoy gravemente afectados por el efecto del virus. Como alcalde de Arecibo, por ejemplo, me he propuesto establecer medidas de apoyo para el crecimiento del modelo “e-commerce” para el desarrollo de mega almacenes, implementar iniciativas para el surgimiento de micro-agricultores urbanos que aumenten la producción de alimentos locales que en la actualidad luchan contra un 85 por ciento de alimentos importados y reforzar las iniciativas que promueven el establecimiento de empresas especializadas en telemedicina, centros de llamada, desarrollo tecnológico y aplicaciones.