Por Javier Méndez Vidal / Abogado

Los cigarrillos electrónicos pueden potencialmente beneficiar a los adultos fumadores, si sustituyen el cigarrillo tradicional por estos. Al menos así lo expresó el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Sin embargo, actualmente enfrentan la posibilidad de ser prohibidos por dos preocupaciones: los daños pulmonares que supuestamente causan, y la popularidad de estos entre los jóvenes menores de edad. Estas dos preocupaciones fueron las mismas que llevaron a que en el 1994, 46 estados y 5 territorios de los Estados Unidos demandaran a las principales tabacaleras. Ni en aquel entonces, ni ahora, se ha considerado la prohibición de los cigarrillos tradicionales.

El 14 de noviembre de 2019, la Cámara de Representantes aprobó el PC2245, proyecto que busca prohibir la venta de cigarrillos electrónicos de sabor. Ahora el proyecto está pendiente ante el Senado, y lo más probable se convierta en ley. En el Senado también está para consideración otro proyecto de ley, el cual busca prohibir la venta de todo tipo de cigarrillos electrónicos (con o sin sabores).

Estos y otros esfuerzos legislativos se suman a la cobertura mediática negativa que se les ha dado a los cigarrillos electrónicos, luego de que en el 2019, se reportaran casos de daño pulmonar asociados al vaping. Ahora bien, si bien es cierto que en un principio se responsabilizaba al vaping de todo tipo (nicotina y THC), tanto el FDA (la Administración de Alimentos y Medicamentos) como el CDC fueron modificando su posición hasta concluir que las enfermedades pulmonares estaban ligadas directamente con la Vitamina E Acetato–aditivo que se encuentra en productos para vaporizar THC. Cabe resaltar que los productos de THC que contienen Vitamina E Acetato solo son vendidos de manera clandestina.

Ignorando la aclaración por parte de la FDA y el CDC, los medios noticiosos (locales e internacionales) han omitido actualizar sus coberturas, y quizás por eso hoy persiste la ignorancia. Entonces, vemos como en las exposiciones de motivo de los proyectos de ley arriba discutidos se discute de manera desinformada sobre los riesgos a la salud que supuestamente acarrea el vaping. Esto, a pesar de que hoy no existe ni un solo caso que esté relacionado con el vaping de nicotina. Incluso, el Colegio Real de Londres concluyó que el vaping es 95% menos dañino que el cigarrillo, y un estudio hecho por la Universidad de Georgetown encontró que, si cada fumador de cigarrillo tradicional cambiaba al vaping de nicotina, se salvarán casi 7 mil millones de vidas en un periodo de diez años. Estos son solo algunos ejemplos de estudios realizados por instituciones científicas y académicas que contradicen la opinión popular y desinformada.

Otra preocupación pública utilizada para prohibir o regular de manera más rigurosa la industria es el uso de cigarrillos electrónicos por los jóvenes menores de edad, (particularmente en las escuelas). Ante esto, diferentes asociaciones de padres de estudiantes han abogado en contra de la industria, y han llevado el reclamo ante los tribunales y legisladores. Esto ha llevado a que algunos estados hayan optado por prohibir la venta de cigarrillos electrónicos con sabores, pues se ha identificado el que sean estos los más atractivos para los jóvenes. Cabe resaltar que el Gobierno Federal aprobó el Tobacco/Vapor 21 Act, el cual aumenta la edad legal de consumo a 21 años. (En Puerto Rico, la implementación de dicha ley federal no ha sido notable).

La historia del vaping es bien parecida a la de los cigarrillos tradicionales durante las décadas 80 y 90, cuando la concientización masiva sobre los daños por el tabaco motivó a que los gobiernos actuaran. La diferencia radica en que nunca se habló de la prohibición. En cambio, en el 1994, varios estados de los EE.UU. demandaron a las tabacaleras para reclamarles, entre otras cosas, el aumento en el costo de los planes médicos debido a los daños asociados al consumo de cigarrillos. Para evitar los gastos de litigio, en el 1997, 46 estados y cinco territorios (incluyendo a Puerto Rico) firmaron junto a las tabacaleras el Master Settlement Agreement, el acuerdo transaccional más importante en la historia de litigios civiles de los EE.UU.

Conforme a dicho acuerdo, las tabacaleras se comprometieron a seguir una serie de restricciones en la comercialización de sus productos. El propósito: no seguir atrayendo a los jóvenes mediante campañas publicitarias. Pero, la disposición más significativa del acuerdo es el pago anual a perpetuidad a favor de los estados y territorios signatarios. Este pago anual a cada estado y territorio se calcula mayormente según las ventas de cigarrillos en los estados. (El cálculo es uno complejo, pero el factor de ventas de cigarrillos es el principal).

El objetivo original de estos pagos anuales era costear campañas educativas sobre los riesgos del tabaco, pero en el acuerdo no existe disposición que limite el uso que los estados le puedan dar a los fondos. Incluso, se estima que para este año 2020, los estados hayan utilizado solo el 2.7% de los fondos recibidos para atacar el uso del tabaco por los jóvenes.

Para el año fiscal 2019, Puerto Rico ha recibido $1.512 billones de dólares provenientes del acuerdo. Pero, al poco tiempo de haberse firmado el mismo, la Legislatura aprobó la Ley 173-1999 para establecer un Fondo Especial en Fideicomiso (denominado como el Fideicomiso de los Niños) y transferirle al Fideicomiso los fondos provenientes del acuerdo. Según la exposición de motivos de la ley, el Fideicomiso es una iniciativa dirigida a promover el bienestar de la familia puertorriqueña, establecer centros de cuido de niños, una mejor calidad de vida, etc… En realidad, los fondos del acuerdo se utilizaron (desde el 2002) para respaldar la emisión de bonos. Es decir, el Gobierno comprometió los fondos futuros provenientes del acuerdo para tomar prestado a corto plazo, ignorando que la cantidad anual no era una fija pues varía según el consumo anual de tabaco por los puertorriqueños. De más está decir que es de conocimiento público la disminución considerable del tabaquismo en los últimos años. Así las cosas, para el 2016, casi la totalidad de los llamados Tobacco Bonds fueron degradados por Moodys, y actualmente son considerados chatarra.

Lamentablemente, el vaping no cuenta (hasta el momento) con un Master Settlement Agreement para que de cierta manera incentive a los gobiernos a no atacar a su industria. Y aunque se supone que Puerto Rico contara con fondos suficientes para educar a la juventud sobre el consumo -en este caso de nicotina- estos fondos están comprometidos y/o perdidos. Por ende, la solución más fácil es la prohibición.