El pasado viernes, 17 de abril, el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, que incluye al Negociado de Instituciones Juveniles, confirmó el primer positivo de una “oficial perteneciente al Cuerpo de Oficiales de Custodia”, quien trabaja en la institución juvenil que ubica en Ponce.

Informa al país que primero se le realizó una prueba rápida, y al arrojar positivo se le realizó otra prueba para confirmar ese positivo. Una vez confirmado, entonces, se inició un protocolo que incluyó: enviarla a aislamiento a su hogar, desinfección de algunas áreas, y se ordenó a una segunda oficial hacerse prueba por alegarse que es con quien más contacto tuvo.

Sin embargo, a ningún joven menor de edad se le realizó prueba porque, según el funcionario, no estuvo en contacto con la población juvenil. Esta institución alberga actualmente a todo joven puesto en detención desde la comunidad, además de tener jóvenes en cumplimiento de medidas dispositivas, tanto féminas como varones, y área especializada para aquellos con condiciones de salud mental.

Las instituciones juveniles, igual que las cárceles para adultos, son espacios cerrados donde prácticamente todo el mundo tiene contacto entre sí. Desde hace semanas hemos llamado la atención al riesgo en que se encuentra esta población juvenil de contraer el virus si el personal, que responsablemente allí labora, se contagia.

Los síntomas de esta enfermedad pueden tardar hasta 14 días en manifestarse, por lo que reiteradamente se ha dicho que una persona asintomática puede estar realizando su vida cotidiana contagiando a otras personas sin saberlo.

Esperar a que un joven menor de edad resulte positivo para activar algún tipo de protocolo resulta irresponsable. Estos jóvenes están bajo custodia y supervisión del Estado por lo que les es necesario que este último responda de manera eficiente. No puede haber resultados si no se realizan las pruebas. Un brote de esta enfermedad puede ser terrible debido a las condiciones de confinamiento en que se encuentran. El contagio se multiplicaría de manera rápida, y no hay las facilidades suficientes para atenderles.

Los jóvenes privados de su libertad no pueden llevar a cabo medidas de distanciamiento social, ni lavarse las manos de manera continua, ni desinfectar sus áreas o practicar medidas adicionales de limpieza e higiene.

Por ello, debemos exigirle al secretario de Corrección y Rehabilitación y al director del Negociado de Instituciones Juveniles que protejan tanto al personal, sus familias como a las personas menores de edad a su cargo.

La manera responsable de hacerlo es, como mínimo: realizando pruebas a todo el personal que labora en esa facilidad, a todos los y las jóvenes allí ingresados, así como a todo aquel joven que haya sido egresado de esa facilidad juvenil en las pasadas dos semanas. Solo así, podremos asegurar que se reduzca la posibilidad de contagio. Las vidas y salud de las personas menores de edad privados de libertad son tan valiosas como las demás.