Instituciones juveniles frente al COVID-19
La abogada Athelyn Jiménez Emmanuelli ofrece recomendaciones al Gobierno para que se atiendan las necesidades de esta población.
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 4 años.
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Por Athelyn Jiménez Emmanuelli / Abogada
Con las medidas tomadas por la Gobernadora, en las instituciones juveniles se trabaja sólo con el personal de enfermería, seguridad, cocina y mínimo personal administrativo. Ni maestros ni personal de apoyo en trabajo social se encuentran laborando a la capacidad regular. Las oficinas de Servicios Multifamiliares están cerradas. Es decir, los jóvenes no reciben visitas, ni sus familiares servicios, y solo se permiten llamadas que realiza el poco personal laborando en las instituciones. En consecuencia aumenta la fragilidad, ansiedad y se exacerban las condiciones de salud mental que padecen muchos de estos jóvenes.
Quedaron en suspenso las vistas judiciales de estos jóvenes. Nos preguntamos, ¿cómo se tramitarán los egresos de los jóvenes que tienen sus vistas pautadas para estas semanas? ¿Quién se encargará de atender esas solicitudes si los representantes legales las hacen? ¿Cómo se están trabajando los planes de egreso, evaluación de recursos familiares, alternativas de estudio, entre otras?
Con el personal que allí labora diariamente, ¿qué medidas de seguridad se están tomando para evitar contagios de afuera? ¿existe algún protocolo? ¿qué apoyo se está dando al personal para mantener la higiene? Mientras nosotros tenemos la oportunidad de tomar todas las precauciones necesarias para prevenir la expansión del COVID-19, tras las rejas, estos jóvenes no pueden participar de manera proactiva en las medidas para mantenerse saludables. Prácticas como el distanciamiento social (sin caer confinamiento solitario), lavarse las manos frecuentemente, o permanecer en espacios desinfectados es imposible dentro de una institución juvenil. El Estado debe proteger a las personas menores de edad en el sistema de instituciones juveniles del contagio.
Por ello, desde el Probono de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Escuela de Derecho de la UPR, pedimos se tomen medidas para atender a esta población, y sugerimos:
a. Acceso libre a información certera. Nuestros jóvenes en instituciones juveniles no tienen acceso a información, por lo que dependen de aquella que el personal pueda brindarles. En momentos como estos, donde su comunicación esta severamente limitada, el libre acceso a información es esencial.
b. Ante la ausencia de maestros resulta indispensable el acceso a materiales educativos de manera electrónica, a internet, computadoras y video conferencias de manera que no se produzca un mayor rezago académico.
c. El establecimiento de una política de detener inmediatamente las solicitudes y órdenes de ingreso a instituciones juveniles. Sobre todo, aquellos ingresos de personas menores con condiciones de salud de alto riesgo.
d. Revisión, modificación de medidas dispositivas y egreso de aquellos jóvenes menores cuyas medidas culminan en los próximos 90 días, y aquellos en detención cuyas familias pueden tenerlos bajo su custodia.
e. Para los que no pueden ser egresados es imprescindible que se les brinden todos los recursos necesarios para mantenerse seguros de no contraer el virus, incluyendo acceso a productos y materiales de limpieza y desinfección de manera supervisada.
f. Asegurar que se protege la salud mental de estos jóvenes, se les brinde apoyo y contacto con sus familiares o recursos de apoyo, por lo que sugerimos considerar las videollamadas.
Colaboradores de diferentes sectores de la sociedad puertorriqueña analizan sucesos noticiosos al estilo de Primera Hora
Columnista invitado
Espacio de opinión sobre temas noticiosos y de interés para el País.