Por Aracelys Otero Torres / Relacionista Profesional

Finalmente, el Gobierno anunció la tan esperada información por padres y estudiantes sobre las modalidades de estudio que se emplearán para el inicio del curso académico que, tradicionalmente, se da en agosto.

El anuncio se da pocos días después que la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, impusiera medidas más restrictivas a la cuarentena que vive el país debido al alza en casos positivos y hospitalizaciones producto del coronavirus. A ese escenario se suman los reclamos de gremios locales que exigen el cierre de agencias gubernamentales, denuncian la falta de protocolos de seguridad y prevención por parte del Gobierno.

Ante este panorama los padres enfrentan un nuevo reto: lidiar con el regreso a clases virtual y luego presencial, como se anunció. Reconozco que los planes esbozados por parte del Gobierno parecen contemplar diferentes escenarios. Sin embargo, creo que podemos concurrir, en que la realidad es otra.

La imagen del Departamento de Educación (DE) está lacerada por la falta de maestros, recursos y escándalos de corrupción. Todavía está latente en las mentes de los puertorriqueños los escándalos ocurridos a inicios de este cuatrienio que resultaron en la radicación de cargos a la pasada secretaria de Educación, Julia Keleher.

Como madre me pregunto: ¿cómo esta agencia garantiza minimizar los contagios de Covid-19 si las clases son presenciales? ¿Confío en la manera en que el DE administra sus recursos? ¿Confío en el Gobierno de turno? La triste respuesta es: No.

Mi respuesta se fundamenta en las acciones del Gobierno. Un gobierno que dice una cosa y hace otra. Mientras establece medidas más rigurosas para evitar contagios, contempla, en septiembre, que las clases sean presenciales. Si pienso en los escándalos más recientes, como la investigación en contra de la gobernadora por el presunto mal manejo de suministros para damnificados por los terremotos en el sur y la fallida compra millonaria de pruebas en el Departamento de Salud, hacen que dude más de la capacidad de esta administración para garantizar lo más preciado que tenemos: la salud, en este caso, la de nuestros hijos.

Como relacionista opino que el escenario que enfrenta el DE es cuesta arriba. Es ineludible que el país desconfía de sus líderes y de las instituciones. La percepción de los puertorriqueños sobre la imagen de los gobiernos está opacada por las sombras de escándalos, corrupción y la renuncia de un gobernador. Los relacionistas sabemos que para cambiar percepción se necesita tiempo, planes de comunicaciones y relaciones públicas ejecutados eficientemente. Cambiar la imagen del DE y devolverle la confianza al país en esta agencia puede tomar años.

Es una realidad el descontrol en los casos positivos de Covid-19 y la incertidumbre que vive el país. La prudencia tiene que empoderarse de las decisiones gubernamentales. Lo más prudente en este momento es maximizar el uso de la tecnología y mantener a los estudiantes en sus hogares, aún con los retos que esto significa. La paz de los puertorriqueños tiene que ser el norte de esta administración. Como madre y profesional de las relaciones públicas prefiero que mis hijos se mantengan en casa porque esa es la mayor garantía que tengo de que estarán bien.