Desde el 4 de febrero de 2024 entró en vigor la Ley para Crear el Programa de Vigilancia, Protección y Prevención de Violencia Doméstica. Se trata de una enmienda a un estatuto aprobado el 8 de agosto del año pasado.

La Ley 89 de 2023 busca imponer la supervisión electrónica a todas las personas imputadas de cualquier delito de Ley 54 en la primera etapa del proceso criminal, conocida como Regla 6.

Cualquier persona de inteligencia promedio tendría que desmenuzar dicho estatuto para entenderlo al 100 por ciento. Esa ley fue redactada entre lagunas y contradicciones, creando así mucha confusión entre los lectores de la ley y los obligados a aplicarla, pues la misma expone en su Artículo 2 que se “recomienda la utilización de supervisión electrónica de manera obligatoria para las personas imputadas de delito al amparo de la Ley 54-1989, a discreción del Tribunal, de acuerdo con la prueba presentada”. No es descabellado leer el estatuto y cuestionarse si existe tal cosa como una recomendación obligatoria discrecional. Dicho trabalenguas ha creado un debate luego de la trágica muerte de Linette Morales Vázquez, en Yauco.

Como era de esperarse, recientemente se presentó el Proyecto de la Cámara 2012, de la autoría de la representante Wanda del Valle Correa. En síntesis, ese proyecto pretende enmendar la confusa Ley 89-2023 y establecer como política pública la imposición e instalación de grillete, de manera no discrecional, a todo imputado de delito de Ley 54.

Sin duda alguna, este proyecto de ley persigue erradicar la violencia de género. No obstante, de aprobarse, su aplicación creará un caos en los distintos aspectos legales, tanto en la fiscalía, en la defensa, en la judicatura, pero, sobre todo, en el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR).

Esto es así debido a que ahora el Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ), que trabaja mano a mano, tanto con el Tribunal como con el DCR, se verá obligado, no tan solo a recomendarle al juez la imposición de grillete, sino a realizarle una entrevista exhaustiva a cada sospechoso para investigar si cumple con todas sus condiciones, que dentro de ellas se encuentra el requisito de vivir a 30 minutos o más de distancia de la víctima.

Lo cierto es que en la gran mayoría de los casos se hace imposible cumplir con la distancia requerida, pues las partes tienden a vivir juntos o extremadamente cerca al momento de la radicación de cargos. El no satisfacer esta condición es equivalente a no tener plan de salida. El no tener plan de salida significa tener que ser ingresado a prisión automáticamente.

Sin ánimo de opinar a fondo sobre el propósito que busca la ley, es fundamental discutir los aspectos positivos y negativos de la nueva ley y el Proyecto 2012. Por ejemplo, como si el remedio no fuera peor que la enfermedad, dicha imposición automática de grillete provocará como corolario la desestimación de cientos de casos a causa de no poderse cumplir con los términos requeridos para llevar a cabo los procesos criminales. Sería insensato ocultar la bola de nieve que crearán ciertas decisiones las cuales, además, tenderán a trastocar los derechos civiles y constitucionales de las personas sospechosas de delito. Sin duda, urge hablar del tema.