Otra semanita interesante acaba de terminar, en la historia de la corrupción en nuestro país. Apenas estamos en el cuarto mes del año y tres nuevos nombres se suman a la deshonrosa lista de acusados, que levantan las manos ante las autoridades federales. En esta ocasión hay dos primos del gobernador Pedro Pierluisi, que asumieron responsabilidad por los actos que les imputaron. Así que se declararon culpables, pero en este caso sin que un gran jurado tuviese que determinar causa para arresto. Y, ¿qué exactamente fue lo que hicieron Eduard y Walter Pierluisi? Pues sabemos algo, pero sin duda la historia es mucho más de lo que se ha dicho.

Recientemente, hemos visto con relativa frecuencia a los acusados desfilar por la acera del edificio federal en Hato Rey, para declararse culpables de actos de corrupción, después de presentarles solo una denuncia, o lo que llaman “information” y no una acusación o “indictment” como es usual. En estos casos la investigación no fue presentada ante un gran jurado para determinación de causa probable. Quiere decir, que la persona que era investigada levantó las manos más rápido que ligero. Que se declaró culpable antes de ser acusado. Y, ¿por qué ocurre esto?

Fiscales, abogados y los tribunales aceptan estos acuerdos, en primer lugar porque es permitido por las Reglas de Procedimiento Criminal, tanto en el ámbito estatal como federal. Además, el sistema ve con buenos ojos que una persona se declare culpable, porque se ahorran el pleito, todo el proceso que le cuesta mucho dinero al estado y, al fin y al cabo, se logra una convicción. Es decir, que la persona es culpable y tendrá alguna pena que pagar. Pero en el caso federal, que es donde vemos la mayoría de los casos, este preacuerdo es como un pre-preacuerdo, entonces la información que sale a relucir cuando hacen alegación de culpabilidad es mínima, porque aquí no hubo ni habrá pliego acusatorio, donde se detalla el esquema. No se divulga cuantas veces cometieron la conducta delictiva ni cuantos cargos se contemplaban originalmente.

Dice un refrán común entre abogados que “vale más un mal arreglo que un buen pleito”. Pero aquí yo creo que el mal arreglo es para el pueblo de Puerto Rico, que nunca va a conocer la verdadera magnitud del esquema que se llevó a cabo, en este caso, entre los contratistas del Departamento de la Vivienda. Me parece que el país merece saber con detalles lo que ocurrió para poder tomar las medidas que sean pertinentes. Y no estoy hablando de más legislación, que ya no hacen falta mas leyes. Hace falta ejecutar la fiscalización, pues en este caso las empresas de los Pierluisi llevaban tantos años administrando esos contratos de vivienda pública, que probablemente nadie se detuvo a observar lo que hacían.

Al declararse culpables tan temprano en el proceso, le pusieron fin a la investigación que se realizaba en su contra y evitaron que se emitiera el pliego acusatorio con fechas y pormenores. Tenemos que asumir que hay mucho más que ahora no saldrá a la luz pública. Solo trascendió que los contratistas crearon empresas satélite, para subcontratarse ellos mismos y proveer servicios específicos para los cuales inflaban los precios y así ellos ganaban más. No hay más detalles. Si ocurrió algo adicional, ya no nos vamos a enterar. Quién sabe de qué otras formas pudieron aprovecharse de los recursos destinados a la gente más pobre, para llenar sus bolsillos. Merecemos saber.