Hace un par de semanas les comentaba del histórico Caso Casellas que traería a la atención de la opinión pública un segundo juicio por el asesinato de Carmen Paredes.

Estaba garantizada la novela judicial, como fue el caso de Félix Verdejo, solo que en esta ocasión sería en el Tribunal de Bayamón y en español. Sin embargo, un preacuerdo liquidó el caso antes de que comenzara. Y hoy las víctimas de violencia doméstica en Puerto Rico, que son muchas, y los familiares de aquellas que han perdido la vida a manos de un esposo, pareja o un ex, se preguntarán qué clase de justicia les espera.

Es que el ahora convicto Pablo Casellas solo tendrá que cumplir una sentencia mínima de, tal vez, cinco años de prisión y podría salir en libertad, a pesar de haber asesinado a la madre de sus hijas. Es un negocio redondo para el convicto y, aunque suena escandaloso, es perfectamente legal.

Así va la cosa. Pablo Casellas fue convicto en el primer juicio por asesinato en primer grado, delito que conlleva la planificación y premeditación del acto. Recordemos toda la historia del intento de “carjacking” y el supuesto robo de un arma de fuego, etcétera.

En ese momento, fue sentenciado a 109 años de prisión, pero ese juicio fue anulado. Para este segundo juicio, con los mismos cargos, había que conseguir un veredicto de unanimidad. Eso ¿es imposible? No creo. Todos los días hay juicios en Puerto Rico con veredictos unánimes. Quizás más difícil, porque han pasado 11 años del asesinato, pero no imposible.

La defensa de Pablo Casellas presentó una alegación de culpabilidad por asesinato en segundo grado, lo que elimina del panorama la planificación y premeditación. Ese cargo hoy día conlleva una pena de 50 años, pero Casellas fue sentenciado conforme al código penal anterior, que estaba vigente cuando ocurrió el asesinato, así que le tocan solo 25 años.

El cálculo ya lo hizo el Departamento de Corrección, que es el que se encargará en el 2028 de avisar que Casellas podría pedir libertad bajo palabra. Resulta que, como ya cumplió seis años de la sentencia anterior, eso se le resta a los 25. Además, hay que descontar las bonificaciones que le corresponden de manera automática. Por ejemplo, por buena conducta a un convicto le descuentan una semana cada mes y así se va extinguiendo la sentencia mucho antes. Si trabaja o estudia, tendrá otras bonificaciones adicionales.

Pero lo más llamativo es que podrá acogerse al beneficio de la joven Ley 85 de 2022, que tiene apenas un año, para que, al cumplir el 75% de la condena del delito mayor, pueda presentar su petición ante la Junta de Libertad Bajo Palabra.

Así las cosas, Casellas podría salir de la cárcel, si la Junta lo aprueba aun antes de los cinco años.

Estas leyes no fueron creadas para este caso y los preacuerdos en los Tribunales son cosa de todos los días. Pero la realidad es que, en su caso, se han encontrado los elementos perfectos para que Casellas pueda burlar la justicia y salir en libertad a los pocos años, sin haberse jamás arrepentido de lo que ahora admite que hizo, ni pedir perdón.

Quizás este escenario no se repita muchas más veces. Tampoco hay muchos convictos con recursos económicos para pagar un buen abogado, apelar un caso por 11 años y seguir alargando el proceso hasta que las condiciones sean perfectas para él. Pobre de los pobres que no pueden defenderse de la misma manera.