La insistencia del exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, de ir a juicio y que se viera su caso por cargos de soborno, extorsión y conspiración, nos dió la oportunidad de conocer en detalle cómo se desarrollan algunos de los esquemas de corrupción en el país. En particular, de ese entramado que esparció una red de contratos y sobornos, como una tela de araña, por casi una decena de municipios. La pasada semana se abrió una ventana, por la cual pudimos asomarnos y observar la podredumbre al interior de algunos ayuntamientos.

Ya sabemos que ninguna de tantas leyes existentes, ni el código anticorrupción, son suficientes para erradicar, ni siquiera minimizar, la corrupción que en el pasado año tuvo uno de sus períodos más intensos en Puerto Rico. El exalcalde de Cataño, Felix “El Cano” Delgado, contó con lujo de detalles desde el banquillo de los testigos, como se truquean los contratos en los ayuntamientos. Que ni siquiera las subastas son antídoto para la manipulación de los contratos. Pudimos corroborar que es suficiente que el alcalde tenga a solo una persona de su absoluta confianza y lealtad, dentro de la Junta de Subastas, para controlar el proceso y lograr que el contrato vaya al donante político que quiere favorecer. Hemos reconfirmado que el inversionismo político se paga con contratos, para devolverle el favor a los que llenaron las arcas del comité político; y que para el contratista, no es suficiente aportar a la campaña legal o ilegalmente, sino que tiene que mantener contento a ese alcalde a son de billetes, durante su incumbencia, para que el alcalde viva cómodo y los contratos multimillonarios sigan llegando.

Pero nadie crea que los sobornos salen del bolsillo del contratista, ese dinero sale de fondos públicos, de las contribuciones sobre la propiedad que usted y yo pagamos, del impuesto sobre ventas y uso, del cual una parte va al municipio, del impuesto al inventario que pagan los comercios, pero que se le pasa al consumidor. El contratista logra el contrato que desea, cobra millones de dólares del municipio por los supuestos servicios prestados y de esos mismos chavitos, le pasa su parte al alcalde. Es decir que el soborno lo pagamos usted y yo.

Se ha estimado que un diez por ciento del presupuesto se pierde a causa de actos de corrupción. Es el mismo dinero que no se invierte en servicios a los ciudadanos, en mejorar las condiciones de las carreteras municipales, en recursos para la seguridad en las calles. Entonces pagamos doble, porque ya pagamos nuestros impuestos, pero como ese dinero es malversado tenemos que pagar privadamente por los servicios que no recibimos. El negocio es redondo para el contratista y para el alcalde o el funcionario, pues ya hemos visto que otros funcionarios municipales también pueden guisar en el esquema. El que sale trasquilado es el ciudadano de a pie.

Por eso no podemos hacernos de la vista larga. Hay que hacer el mayor esfuerzo por mirar más allá de la fachada. Por ahí se asoma el próximo evento electoral. Coja nota, que debemos ser más críticos en la selección de nuestros próximos funcionarios electos. No se deje llevar por el que haga más ruido. Mire con sospecha al que más se anuncia, al que tiene más “billboards” por todo el pueblo. Pero también al más timidito y comedido. Tenga en cuenta que no necesitamos al más simpático, necesitamos al más honesto, que pueda hacer el trabajo de forma eficiente y por el bien de los ciudadanos, y no de su bolsillo.