Imagínese que usted recibe todos los meses 100 dólares para sus gastos y, de un día para otro, le quitan $75. Ahora resuelva con los $25 que le quedan… si puede. Eso es lo que le va a ocurrir a muchos gobiernos municipales, si finalmente queda eliminado el Fondo de Equiparación que reciben anualmente para cubrir el costo de sus operaciones.

Ese fondo es el objeto de la cruzada que llevan los alcaldes contra la Junta de Supervisión Fiscal, que quiere eliminar totalmente esa aportación con la que sobreviven muchos gobiernos municipales. Se estima que, por lo menos 30 alcaldías, no podrían ofrecer servicios y quedarían inoperantes sin ese fondo.

Se trata de una partida que ha ido disminuyendo desde la llegada de la Junta de Supervisión Fiscal y que va por 88 millones de dólares. Ese dinero se reparte entre los municipios que están en desventaja con respecto a pueblos con mayores recursos, actividad comercial e incluso gubernamental. Tenga en cuenta que algunos pueblos tienen grandes industrias, que generan movimiento económico y pagan patente municipal. Otros tienen casas de alto valor por lo que reciben mayor cantidad en contribuciones sobre la propiedad. Otros, usualmente los mismos, son sede de grandes agencias gubernamentales, con miles de empleados y el movimiento que esto genera. Pero hay pueblos que tienen muy poco o nada.

Para compensar, la disparidad que por causas ajenas a la administración municipal tienen algunos pueblos, se les compensa con este Fondo. El mismo se nutre principalmente del fondo general, pero también otras partidas más pequeñas como aportaciones que hacen los municipios, la Lotería y las multas de tránsito.

Con ese dinero, los gobiernos municipales ofrecen servicios como el recogido de basura, que es gratis para los ciudadanos. Ayudan a personas necesitadas con servicios de ama de llaves, transportación a citas médicas y, a veces, hasta ayudan a personas con el pago de las utilidades. Pero, también los alcaldes asumen la prestación de servicios que corresponden al gobierno central, como lo es el mantenimiento de algunas escuelas y de carreteras estatales, entre otras cosas. Ni hablar de la primera respuesta en casos de emergencia, eso estoy segura de que no se los tengo que recordar.

La Junta de Supervisión Fiscal entiende que los municipios tienen que buscar la forma de generar más ingresos propios. Recordamos que desde que llegó la Junta en 2016, la propuesta sobre la mesa ha sido la eliminación de municipios y reducir de esta manera el gasto del gobierno. El primer plan fiscal ya advertía que el Fondo de Equiparación desaparecería, de hecho ha ido disminuyendo poco a poco. Pero la mayoría de los alcaldes, en lugar de hacer ajustes, han continuado esperando el milagro.

Ahora los ejecutivos municipales prometen reformas, buscar eficiencias y crear alianzas que les permitan consolidar algunas operaciones para reducir costos. El problema es que los alcaldes, siete de los cuales han sido acusados o convictos por actos de corrupción este año, no tienen necesariamente la credibilidad que hace falta para llevar adelante esta cruzada.

El otro día escuchaba en la radio un anuncio del municipio de Aguas Buenas, que recordaba al son de una música pegajosa, las medidas de prevención contra el COVID-19. Un pueblo con dos alcaldes convictos por corrupción y que depende tanto del fondo de equiparación, ¿debe gastar dinero en una campaña publicitaria, para decirle a todo el país, no solo a Aguas Buenas, cómo combatir el COVID?

Creo que falla el buen juicio y por eso la Junta se lo piensa tanto, para darles un voto de confianza.