La historia de Emanuel Rivera, de 36 años, la conocí a través de un reportaje de televisión. A todos nos brotaron lágrimas, mientras observábamos frente a las pantallas en el estudio de Las Noticias, las imágenes de la dolorosa realidad de esta familia de Toa Alta. Es imposible no conmoverse al ver el inmenso sacrificio que Gladys y Abraham, los padres de Emanuel, han realizado por décadas. Su padecimiento de perlesía cerebral le mantiene totalmente incapacitado y mientras pasan los años y sus padres envejecen, se preguntan con dolor ¿cómo podrán seguir ayudando a su hijo?

La realidad de la familia Rivera es la misma de cientos de miles de puertorriqueños y puertorriqueñas, que la pasada semana recibieron un rotundo no del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. La decisión del caso Estados Unidos v. Vaello Madero les negó el acceso a un Programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en ingles). Esta ayuda que, erróneamente hemos llamado seguro social suplementario, no tiene que ver con la pensión de retiro de Seguro Social, aunque ambas son administradas por la misma agencia.

El SSI es una ayuda para personas que no pueden generar ingresos y viven bajo niveles de pobreza a causa de una condición o incapacidad.

Esto no es cosa de política, es un asunto de humanidad. Aunque ciertamente tiene profundas raíces políticas, a mí lo que me preocupa hoy es Emanuel y su familia y los miles de puertorriqueños que no reciben ingresos suficientes para pagar por sus medicinas, o para comprar una silla de ruedas, o para adquirir una grúa para mover encamados, o para pagar a una persona que les ayude cuando las fuerzas ya no les dan.

Ante la decisión de la Corte Suprema, solo queda -por ahora- la acción congresional. Hay más de una iniciativa para extender el SSI por ley a Puerto Rico, como ya se hizo con las Islas Marianas. Incluso, la Casa Blanca, que prometió retirar el pleito del Tribunal Supremo, no cumplió esa promesa, pero luego hizo su propia propuesta de ley. Sin embargo, ninguna de esas iniciativas parece caminar.

El gobierno de Puerto Rico ha prometido cabildear, pero aquí está el detalle: queda una pequeñísima ventana de tiempo antes de que recese el Congreso y los legisladores federales se vayan a hacer campaña. En noviembre habrá elecciones de medio término y se anticipa que la composición del Congreso va a cambiar. Muchos piensan que un Congreso de mayoría Republicana jamás extendería el Ingreso Suplementario para Puerto Rico.

Yo no tengo una bola de cristal, pero sí sé que los congresistas y senadores responden a la presión de sus electores. Estos funcionarios que deciden sobre aspectos que afectan las vidas de todos y todas, dependen del voto para llegar o permanecer en su puesto. Ahí es que la diáspora debe intervenir.

Millones de puertorriqueños viven en los Estados Unidos. Cualquiera de ellos pudiera ser en el futuro un José Luis Vaello Madero, que desee regresar a Puerto Rico y se le penalice solo por querer vivir en su tierra. Ellos podrían evitar que miles de padres y madres tengan que emigrar para obtener servicios para sus hijos e hijas, porque aquí no los consiguen o no los pueden pagar.

Yo sé que las elecciones de medio término son para nosotros una extraña criatura, pero esta es una oportunidad que no pueden dejar pasar. La bola está en la cancha del Congreso y los jugadores los tiene que escoger usted, que vive allí. Los hermanos boricuas en la diáspora tienen que exigir acción ahora a sus congresistas y senadores. Si eso no ocurre, participe en el proceso electoral pues a miles de puertorriqueños, como Emanuel, se le va la vida esperando por esa ayuda.