A poco más de dos años para las elecciones, ya parece claro que los apagones van a ser un tema importante en el que nadie quiere ser culpable. Así que comienza a verse el cambio de discurso para atender el descontento de los puertorriqueños con el servicio de energía eléctrica y la administración del consorcio Luma Energy.

El gobernador Pedro Pierluisi, que hace unos días confiaba en la fiscalización que su gobierno hace del contrato multimillonario, dio un reversazo y ahora se manifiesta insatisfecho. Hasta creó un nuevo puesto a cargo de velar la ejecución del contrato. Aunque se supone que para eso estaba el director de las APP. El asunto es que ya muchos en el PNP se habían adelantado pidiendo que se revise el acuerdo y la comisionada residente Jenniffer González fue más lejos para pedir la cancelación del contrato.

Algo pasó en las pasadas semanas que el Ejecutivo ha tenido que empezar a recoger vela, y no es que se va la luz todos los días, porque eso está pasando desde hace un año. Es que la campaña política está ya bastante cerca y con aires de primaria los apagones van a ser tema central.

Los candidatos hacen sus encuestas y eso mismo que tú y yo escuchamos en la calle todos los días, los encuestadores lo reciben también. No se trata solo de apagones, es que la luz nos cuesta cada día más. Poco importa si las causas del aumento están ocurriendo del otro lado del mundo. Aquí el bolsillo del boricua no resiste más.

Cuando hace dos años se firmó el contrato con Luma Energy, se le dijo al País que el servicio mejoraría y que tendríamos energía más barata. Además, nos dijeron que el gobierno federal no le daría a Puerto Rico dinero para reconstrucción, que solo confiarían en una empresa privada.

Y hago un paréntesis, para ver si alguien me hace llegar la cartita de la agencia federal que dijo eso, porque jamás la he visto.

Recuerdo muy bien que mucha gente, tal vez una mayoría, apoyó la privatización. Estaban cansados de la politiquería en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), de un servicio al cliente deficiente, de la falta de mantenimiento y preocupados por una realidad de que la infraestructura eléctrica no resiste más.

Hoy día estamos igual: la luz es todavía más cara y se va todos los días. Para colmo, ahora le están cobrando otra vez la fianza a los negocios e industrias, a veces tres y hasta cuatro veces más alta.

La justificación de Luma ahora resulta que es la misma que nos daba la AEE: que el sistema esta frágil. Pero, ¿acaso no lo sabían cuando firmaron el contrato? ¿Acaso no lo evaluaron de cerca durante el año que estuvieron en transición?

Entonces, el reclamo de muchos sectores, incluso dentro del PNP, es que se modifique o se cancele el contrato. Pero mucho ojo, en Puerto Rico los contratos son ley entre las partes y cancelarlo, si se logra, no es un proceso sencillo, ni rápido. Por eso el Departamento de Justicia ha dicho que puede ayudar en la evaluación. Además, cancelar un contrato que se pactó con el gobierno, proyecta inestabilidad y poca credibilidad hacia futuros inversionistas, así que cualquier paso tiene que ser calculado.

Ahora, yo les garantizo que la clase política ya hizo otra clase de cálculo, el que cuesta votos. Y no importa mucho si realmente se cancela el contrato, pues el proceso puede tomar mucho tiempo y, seguramente, termine en los tribunales. Lo que importa a estas alturas del juego es lo que se dice, la postura que se toma ante el desastre de los apagones diarios y lo que perciben los posibles electores. Para ellos, ese será el verdadero costo del problema de la luz.