Los propietarios de Plaza Las Américas, el centro comercial más grande del país y el Caribe, presuntamente le adeudan $5 millones al Centro de Recaudación de Impuesto Municipales (CRIM), asunto que mantiene a las partes en un litigio desde hace más de tres años.

El CRIM le atribuye a la familia Fonalledas, dueña del centro comercial ubicado en Hato Rey, la deuda por mejoras a los espacios comerciales de su propiedad inmueble.

Pero, los Fonalledas alegan que los arrendatarios son responsables de pagar las contribuciones por las mejoras que realizan en los espacios.

Las partes se enfrentaron el martes en una vista argumentativa ante un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones integrado por Troadio González Vargas, Erick Ramírez Nazario y Carlos Vizcarrondo Irizarry.

El representante legal del CRIM, Edwin Ortiz, llamó la atención a que el contrato modelo que utilizan los dueños del centro comercial para el alquiler, tiene una cláusula que establece que las mejoras que se realizan a esos espacios comerciales pasarán a ser propiedad de Plaza Las Américas.

"Se cobra al dueño de la propiedad porque es la forma de garantizar el cobro de contribuciones sobre la propiedad inmueble", destacó.

Ortiz recordó que los inquilinos de Plaza las Américas tienen que solicitar autorización a la gerencia "hasta para poner un clavo" y que se les cobra renta y contribuciones.

El abogado argumentó, además, que el Tribunal de Primera Instancia de San Juan erró cuando en 1988 archivó un pleito anterior al amparo de la doctrina de "cosa juzgada", luego que los Fonalledas llegaron a un acuerdo con el Departamento de Hacienda sobre cómo se realizarían los pagos de las contribuciones sobre la propiedad.

Ello, según Ortiz, porque el caso no se resolvió en sus méritos y debieron aplicarse las excepciones a esa doctrina por tratarse de un pleito de alto interés público, "en el que se llegó a un resultado absurdo y se derrota la justicia".

Mientras, uno de los abogados de los Fonalledas, José Lázaro Paoli, señaló que el CRIM está dando a Plaza Las Américas un tratamiento distinto del que da a otros centro comerciales del país, porque es el más grande de la Isla, con más de 400 inquilinos.

"La ineficiencia del CRIM no es culpa de Plaza, si no pueden cobrar las contribuciones a los inquilinos, eso es un problema del CRIM, no del arrendador, sea Plaza o el que sea", indicó.

Cuestionó hasta dónde el interés público puede obligar a un contribuyente a asumir la responsabilidad contributiva de otro.

Según los abogados de Plaza, se trata de dos contribuyentes distintos con derechos de propiedad distintos.

"El interés público no puede llegar a convertir a una parte en agente cobrador y que le cueste y que sea el arrendador el responsable por el importe de las contribuciones (del inquilino) que después no puede recobrar", argumentó el licenciado Lázaro Paoli.

En la vista argumentativa trascendió que la familia Fonalledas, también propietarios de la Torre Chardón —donde ubica la sede de la fiscalía estadounidense— impugnaron las contribuciones que el CRIM le cobra a las corporaciones que se registraron como dueños de la edificación.

El alegato presentado en ese pleito consolidado es el mismo que se hizo en el de Plaza las Américas: que las contribuciones por mejoras a espacios comerciales son responsabilidad del inquilino y no de los propietarios del edificio.