Aguadilla.- El dueño del local en donde ubicarían las oficinas regionales del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) en Aguada acudió al Tribunal Apelativo luego que el Tribunal de Primera Instancia paralizara la mudanza y declarara nulo el contrato de mudanza.

A mediados de noviembre pasado, el juez Manuel Vera declaró “ha lugar” la demanda de Interdicto Permanente en el caso civil que radicó el alcalde de Aguadilla, Carlos Méndez Martínez, solicitando que se declarara nulo el contrato para que las oficinas regionales del CRIM se muden del casco urbano de esa ciudad a la PR-2 en Aguada.

El abogado Reynaldo Franqui Carlo presentó el recurso a nombre de su cliente Wilson Valentín, dueño de Center Plex, en Aguada.

La mudanza se supone que ocurriese a principios de diciembre pasado.

“Hicimos un estudio y se excluye al CRIM como una agencia estatal y fue creada como un ente municipal, como si fuera algo parecido a una agencia pública, pero que no es parte del Gobierno central”, dijo Franqui Carlo a Primera Hora.

El abogado sostuvo que su cliente invirtió cerca de $1 millón y hasta el momento no ha recibiendo ningún tipo de ganancia, por el contrario, alegó que ha tenido pérdidas.

El contrato tenía una vigencia de 10 años.

En la demanda se hace constar que a pesar de la objeción del Municipio de Aguadilla, a mediados de junio pasado, la parte demandada firmó un contrato con Center Plex y su presidente Wilson Valentín para el traslado de la oficina regional a un local privado en Aguada.

El contrato actual que tiene el CRIM con la Autoridad de Edificios Públicos vence en el 2022. El CRIM paga actualmente $6,309.32 mensuales y en el local de Aguada pagarían $15,907.55 mensuales.

Por su parte, la directora ejecutiva del CRIM, Gloria Santos, dijo que se encuentran preparando el escrito de apelación que será radicado esta semana y reiteró que las oficinas de Aguadilla no ofrecen seguridad ni para los empleados ni para los clientes que acuden allí a diario.

“Entendemos que la ley es clara y que no somos una instrumentalidad del pueblo de Puerto Rico y sí una entidad municipal y así hemos funcionado desde la creación de la agencia”, expresó Santos.

En la demanda radicada por el abogado del Municipio de Aguadilla, Israel Roldán González, se alegó que la referida oficina del CRIM se estableció de conformidad y en cumplimiento con el propósito de la Ley 212 del 2002, que declara la política pública del Gobierno de Puerto Rico de fortalecer, revitalizar y poblar los centros urbanos.

El juez Vera emitió una orden y auto de injuction permanente, prohibiendo al CRIM el traslado de la oficina y centro de servicios localizados en el centro urbano de Aguadilla hasta que cuente con la dispensa previa emitida en el curso administrativo correspondiente por la Directoría de Urbanismo del Departamento de Transportación y Obras Públicas, conforme exige el Artículo 6.04 de la Ley 212.