Seis líderes de organizaciones que agrupan a la comunidad veterana en Puerto Rico convergieron este miércoles para levantar sus voces en contra de las acciones que buscan detener la construcción de una clínica de servicios psicosociales que podría beneficiar unos 23,000 militares jubilados de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

En el marco del mes de la concienciación sobre el Trastorno de Estrés Post-Traumático (PTSD, por sus siglas en inglés), jefes de agrupaciones como la Legión Americana de Puerto Rico, Vietnam Veterans of America, Disabled American Veterans, Paralyzed Veterans of America, Blind Veterans of America, The Mission Continues y Wounded Warrior Project acudieron a los predios del Centro Judicial de San Juan para reclamarle a la Junta de Directores del Hospital Auxilio Mutuo a cesar su oposición al desarrollo del San Juan Psychosocial Rehabilitation and Recovery Center (SJPRR), dado que, según ellos, privaría a los veteranos de recibir una serie de servicios que no están disponibles en la Isla.

“Nosotros estamos totalmente a favor que este centro de rehabilitación se pueda dar, y que la compañía constructora pueda entregar esas llaves a la Administración de Veteranos en junio de 2023″, expresó la vicecomandante departamental de la Legión Americana en Puerto Rico, Carmen Rosario, a Primera Hora.

Según Rosario, dicha clínica psicosocial es “una necesidad” para la comunidad que sirvió a la milicia estadounidense dado que el proyecto, más allá de ofrecer servicios psicológicos, también contará con oficinas que proveerán terapias físicas, talleres de capacitación de habilidades para vivir en comunidad, entre otros programas holísticos.

Rosario hace referencia a la propuesta que aprobó la Administración de Veteranos como parte de su Plan Estratégico de 10 años. Dicho proyecto, que se comenzó a construir desde julio de 2021 en un predio que ubica en la avenida Luis Muñoz Rivera, esquina marginal del expreso Jesús T. Piñero en Hato Rey, contará con dos componentes esenciales en el modelo de recuperación de la atención continua para los veteranos.

El primero consistiría de un programa de tratamiento y rehabilitación residencial de salud con espacio para 40 camas, en el que se atenderán, por ejemplo, veteranos que sufrieron amputaciones y necesitan ayuda para adaptarse a vivir una vida independiente. Mientras, el segundo componente es un centro de rehabilitación y recuperación psicosocial dirigido a dar servicios de ayuda psicológica, terapias ocupacionales, readiestramiento para integrarse a la vida laboral, nutrición, entre otras ayudas.

No obstante, el desarrollo del SJPRR, que ya está un “40% completado”, ha sufrido limitaciones luego que Auxilio Mutuo radicara en septiembre de 2021 una petición de mandamus y un entredicho preliminar en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan para que la Oficina de Gerencia y Permiso (OGPe) y el municipio de San Juan ordenaran la paralización indefinida de la construcción de la clínica y, posteriormente, su demolición en la alternativa que se estuviera realizando alguna obra sin un permiso ni una consulta de ubicación válidamente expedidos tras obtenerlos usando información falsa.

La facilidad hospitalaria argumentó en su petición que la instalación en desarrollo afectará sus finanzas “pues se estarán atendiendo pacientes que, de ordinario se podrían atender y recibir tratamiento en el HEAM”. Igualmente, el recurso legal expone que el SJPRR tendría repercusiones en el tránsito del área y en la seguridad de la comunidad que visita el establecimiento diariamente dado que el programa atenderá “personas que sufren de enfermedades mentales serias y persistentes”.

“Esto no es como dice Auxilio Mutuo, que es un manicomio. Esto es un centro de rehabilitación, y tenemos que darle énfasis que eso no es un hospital”, indicó Rosario.

A pesar que la petición de Auxilio Mutuo fue desestimada por el juez Alfonso Martínez Piovanetti, por haberse tornado académica tras un caso consolidado del Tribunal de Apelaciones emitir una sentencia en julio de 2021 que dejó sin efecto los Reglamentos en Conjunto vigentes, la Junta de Planificación decretó una resolución donde señala que el Reglamento Conjunto de 2020 seguía vigente hasta que el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitiera una sentencia final sobre dos casos que aún siguen vivos sobre la controversia detrás del último reglamento que emitió la OGPe, por lo que la construcción de la clínica continuó.

“Este centro no le va hacer ninguna amenaza a Auxilio Mutuo porque todos los servicios que se van a ofrecer ahí, Auxilio Mutuo no los ofrece. Y tienen que entender que esto va a hacer un impacto económico también, porque esto va a proveer alrededor de unos 130 empleos”, expuso Rosario

“Entiendan que la clase veterana no es algún riesgo para la comunidad general. Actualmente, el Hospital de Veteranos atiende sobre 66,000 veteranos que están registrados con ellos y nosotros, anualmente, dejamos sobre $320 millones a la economía de Puerto Rico, porque nosotros aquí no vivimos gratis y aportamos al Gobierno de Puerto Rico”, agregó.

Por su parte, la lider de pelotón de The Mission Continues, Elizabeth Martínez, reclamó que la reunión que se generó mediante esta situación era de suma importancia para destacar la relevancia de un proyecto que la comunidad veterana espera por más de una década.

“Es bien importante nosotros poder enfatizarle a los veteranos, especialmente en estos momentos tan difíciles, que este proyecto tiene que ser entregado a finales de verano de 2023. Es un área que nos ayudará a seguir rehabilitando a nuestra comunidad”, enfatizó Martínez a Primera Hora.

Pese a que unos 1,000 veteranos en la Isla requieren de estos servicios que pudiera ofrecer la clínica de servicios psicosociales, el presidente de Vietnam Veterans of America, Jorge Pedroza, reveló a Primera Hora que la agencia federal solo tiene fondos disponibles para transportar a unos 100 a los Estados Unidos. Además, se indicó que, debido al tiempo de duración de las terapias, muchos exmilitares deciden dejarlos sin terminar dado que anhelan regresar con sus familias en Puerto Rico.

“Esta semana, hemos tenido tres casos de veteranos en situaciones diferentes que, entendemos nosotros, que están sin servicios en Puerto Rico de parte de la Administración de Veteranos”, dijo Pedroza.

El líder militar hizo alusión a los casos del expolicía municipal y veterano Frank Rivera Saldaña, quien fue ingresado al Complejo Correccional de Bayamón por presuntamente asesinar a dos vecinos de nacionalidad dominicana el pasado sábado en una residencia en Río Piedras y donde se investigan el incidente violento como un crimen de odio; el caso de Christian González Martell, un veterano de la guerra de Irak que fue encarcelado el pasado martes por atropellar y apuñalar a su padre en una residencia en Arecibo; y el caso de Michael Albert Bello, quien fue localizado por las autoridades el pasado lunes tras ser reportado como desaparecido el sábado, luego que abandonara el vehículo en el que viajaba con su esposa y su madre por el Túnel Minillas.

“Este centro, para nosotros, es importantísimo, y tiene que por ley, estar para junio de 2023 en las manos de la Administración de Veteranos, porque estos veteranos que se encuentran en la calle, que no tienen a dónde ir, este será el lugar donde podrán venir, recibir sus tratamientos tanto psicológicos como físicos y no tener que viajar a los Estados Unidos”, indicó.

Reacciona Auxilio Mutuo

Ante los reclamos de la comunidad veterena, el Hospital Auxilio Mutuo indicó en declaraciones escritas que el proyecto en controversia “no cumple con aspectos críticos de la reglamentación vigente”, por lo cual junto a otras entidades “presentaron una oposición a una consulta de ubicación presentada por un desarrollador”.

“Ante los reclamos del Auxilio Mutuo, el Tribunal de Apelaciones en varias ocasiones ha anulado la Consulta de Ubicación y/o el Permiso de Construcción. El Tribunal de Apelaciones ha señalado, en más de una ocasión, que no se han seguido los procesos y las leyes y reglamentos aplicables”, sostuvo el hospital.

El centro de salud sostiene que el desarrollo no pertenece a la Administración de Veteranos, sino a “un desarrollador privado, que ha cometido innumerables ilegalidades y violaciones procesales para su beneficio económico”.

“Al comprar esta parcela del extinto Banco Gubernamental de Fomento a través de una solicitud de propuestas, el desarrollador representó, y fue una condición esencial para la venta, que la misma fuera utilizada para residencias de estudiantes y otros, y para un estacionamiento para el Monte Mall, el supermercado Pueblo y el Tribunal de Primera Instancia, lo cual era consistente con el plan del Gobierno para la zona. Sin embargo, el desarrollador incumplió y violó dicha representación”, indicó.

“Esta no es una controversia entre el Auxilio Mutuo y los veteranos de Puerto Rico, es una controversia con un desarrollador que ha cometido innumerables ilegalidades y violaciones procesales para su beneficio económico”, destacó.