TOA BAJA, Puerto Rico — A primera vista, pareciera que la gente abandonó esta comunidad rural de Puerto Rico, pues las ventanas y las puertas de las casas están cerradas.

Pero no es así. La gente sigue aquí, solo que encerrada en sus viviendas para protegerse del hedor, los insectos y los perros salvajes de un vertedero cercano que ha crecido tanto que casi llega a las puertas de las casas de Villa Albizu, en la corta norte de la Isla.

"No tiene idea lo que es tragarse ese olor las 24 horas del día, los 365 días del año", afirmó Yahaida Porrata, cuya casa se encuentra a escasos diez pasos del vertedero. "La casa tiene que estar cerrada porque no se puede respirar. Si tuviera los recursos me hubiese mudado hace mucho".

La mayoría de los vertederos de Puerto Rico están desbordados y despiden toneladas de basura líquida que penetra la tierra y representa una amenaza para la gente y para el medio ambiente, según la Agencia de Protección del Medio Ambiente estadounidense (EPA). Diecinueve de los 29 vertederos de la Isla violan las leyes federales, pero siguen aceptando buena parte de los 8,500 toneladas de basura que los puertorriqueños generan diariamente. La EPA ordenó a las autoridades locales que cierren 13 vertederos, incluido el que está frente a la casa de Porrata, por los riesgos que plantean a la salud, pero una crisis económica que ya lleva una década ha impedido que eso suceda.

Puerto Rico trata de reestructurar una deuda pública de 70,000 millones de dólares que obligó al gobierno a declarar un estado de emergencia. Las autoridades dicen que apenas pueden cubrir los gastos de los servicios esenciales, como educación, salud y seguridad pública.

Las municipalidades dicen que simplemente no tienen los entre 3 y 30 millones de dólares que se necesitan para implementar las medidas ambientales y de ingeniería necesarias para cerrar los basurales. El gobierno nunca le pidió a las municipalidades que reuniesen dinero con ese fin, según la EPA. Como resultado de ello, los vertederos siguen agrandándose más allá de su capacidad y la basura continúa acumulándose.

"Esto es una crisis", dijo Carmen Guerrero, directora de la oficina de protección ambiental de la EPA para el Caribe. "Esta es una de las prioridades ambientales que tiene la agencia para Puerto Rico y el Caribe" en general.

La EPA tiene autoridad para intervenir cuando hay una emergencia, pero le corresponde a la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico asegurarse de que los vertederos cumplen con las normas. No está claro por qué eso no sucede. El portavoz Aniel Bigio no devolvió numerosos mensajes pidiendo comentarios.

Han cerrado solo dos de los 13 vertederos que la EPA ordenó clausurar. Otros dos, incluido el de Toa Baja, donde se encuentra la Villa Albizu, abrieron nuevas áreas que satisfacen los requisitos federales. La EPA volvió a ordenar los cierres este mes y por primera vez lo hizo en forma unilateral, lo que quiere decir que no hay espacio para negociar con las municipalidades, como en los casos previos.

"Las condiciones son tan críticas y la amenaza a la población y al medio ambiente tan grande que no había otra opción", dijo Guerrero.

La orden señala que el vertedero de Toa Alta, al sur del de Toa Baja, debe cerrar para fin de año, para algarabía de los residentes de la zona. Hay más de 100 viviendas y negocios a 400 metros del basural, construido originalmente en un socavón que es parte de una de las fuentes de agua subterránea más grande y productiva de Puerto Rico. El vertedero se extendió 1.2 hectáreas desde entonces y no tiene un sistema para recolectar la basura líquida y controlar el agua de las lluvias para garantizar que no contaminan el agua potable.

Una planta de tratamiento de agua que se encuentra cerca del vertedero atrae unos 7.5 millones de litros (2 millones de galones) de agua diariamente de un río vecino. La planta está cerrada y está siendo renovada para que pueda captar 11.3 millones de litros (3 millones de galones) diarios, lo que alarma a los residentes de la zona.

"Este es el desastre ambiental más grande que he visto en mi vida", manifestó Concetta Calise, quien vive cerca del vertedero y que hace poco tuvo que combatir una plaga de insectos. "No podía abrir mi puerta. Era horrible. Nunca lo había visto así antes".

Pero el alcalde de Toa Alta, Clemente Agosto, declaró a la Associated Press que no puede cumplir con el plazo fijado por la EPA porque no está en condiciones de costear un gasto de entre 15 y 20 millones de dólares para cerrar el vertedero. Además, indicó que la municipalidad no tiene dinero para que la basura sea trasladada a otro sitio si cierra el lugar.

"Queremos hacer las cosas como deben ser, pero nos tienen que dar un tiempo para encontrar medios económicos", expresó. "Eso no es cerrar un candado y ahí quedó".

Si bien comprende la frustración de la gente, dice que la municipalidad se encuentra en una situación financiera tan precaria que tuvo que implantar la semana laboral de cuatro días para reducir costos.

"Vamos a hacer todo los posible para que nadie sea afectado por el recogido de la basura y por las operaciones del vertedero", indicó.

Los residentes de Toa Alta temen que pronto van a enfrentar problemas más graves que los que Porrata enfrenta en Toa Baja.

Porrata sufre de una fuerte tos que no puede superar y sus dos hijos adolescentes tienen úlceras cutáneas. Van al médico al menos una vez al mes y Porrata debe lavar los platos antes y después de usarlos porque el polvo de la zona ingresa a su vivienda. Recientemente pensó que sus hijos habían dejado leche chocolatada en polvo en una taza y descubrió que era polvo.

Se vio obligada a comprar agua embotellada cuando la empresa de agua y aguas residuales dijo que no se podía beber el agua de la canilla.

"Ha sido un infierno viviente", se la mentó. "Jamás esta situación la había visto venir".