Un grupo de vecinos del residencial Bahía en Guayanilla se juntó esta tarde frente a las oficinas del proyecto administrado por la compañía Individual Management, con el propósito de exigir justicia para April Thais Ortiz Quiñones; asesinada por su padre hace una semana.

Allí reclamaron la remoción de Helen Rivera Borrero, abuela de la menor de dos años, tanto de su vivienda como de la presidencia del Comité de Residentes pues, alegan que la mujer tenía conocimiento del patrón confeso de abuso sexual contra la pequeña, ya que cuidaba de ella regularmente.

Kamira Torres, de 40 años, aseguró que “soy nacida y criada en este residencial y, aquí nunca había pasado una cosa así. Este es uno de los residenciales más tranquilos y buenos de todo Puerto Rico”.

“Queremos que salga la señora Helen Rivera como presidenta del Comité de Residentes del Residencial Bahía. Ella no es moral para nosotros, ella sabía la vida de todo el mundo aquí. ¿Cómo no iba a saber la vida de su hija que era su vecina, cruzando la calle?”, cuestionó.

Torres relató que “la niña era sumamente chiquita, aunque tenía dos añitos, aparentaba como si tuviese un año. Era una niña muy frágil para que ese abusador hiciera lo que le hizo. Todos sabían: abuela y mamá”.

Mientras que Camille García Santiago, vecina y estudiante de Trabajo Social, demostró su indignación ante la tragedia que conmocionó al país.

“Muchos de los residentes se comunicaron con la administración. Queremos que sea ya, que la saquen del comité, del residencial y queremos justicia para April Thais. Si ella no puede defender a su propia nieta, ¿cómo va a defender a los demás residentes menores de edad?”, destacó la estudiante de 21 años.

“Claro que sí… ella sabía. Fueron siete meses de abuso; ella cuidaba a su nieta y, supuestamente no sabía de la situación que estaba pasando. Eso no nos cuadra. Ella siempre estaba con la nieta. Nadie había alertado, queremos que renuncie, queremos que se vaya”, acotó.

Los residentes entrevistados recalcaron que nunca se levantó bandera ante la posibilidad de algún tipo de maltrato por parte de Jiovan F. Ortiz Soto, el cual confesó a la Policía que abusaba de su hija desde diciembre de 2022.

El hombre de 35 años tenía antecedentes penales por violación a la Ley de Sustancias controladas en el 2008 y 2009, sin embargo, no se conoce la disposición de los casos en el tribunal.

Por eso, otra de las residentes, identificada como Luciana Santiago Pacheco, señaló que, según el reglamento de la Administración de Vivienda Pública, “una persona con expediente criminal no puede pernoctar en ninguna unidad del residencial”.

“Para mí, creo que él no estaba apuntado en el contrato. Siempre vivió ahí, primero vivió con la abuela de los nenes y su esposa. Le dieron apartamento a ella (Naiari Quiñones Rivera), de tres cuartos y ahí vivían ellos”, denunció.

“Yo veía las nenas por ahí, a veces, sin aseo personal. Siempre estaban con la abuela y con su mamá. Claro que la abuela tiene que saber, si la abuela cuidaba de ella casi siempre. Pero nosotros nunca sospechamos”, lamentó la fémina de 43 años.

Cabe destacar que la administración del residencial mantuvo sus oficinas cerradas durante la manifestación de vecinos. En el lugar hay 50 viviendas y una población estimada de 200 personas.

“Se supone que el protocolo que se active es solicitar los servicios de ASSMCA (Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción), porque aquí toda la comunidad está bien afectada con esto que pasó. Por eso, estamos exigiéndole a la Administración de Vivienda Pública que tome acción”, expresó otra residente de manera anónima.

“En estos días, (la administración) se prestaron para enviar unos papeles diciendo que no se pueden poner piscinas, pero ni se le ha visto la cara a la trabajadora social ni a la administradora, Eda García. Para enviar papeles, ahí sí está la administración, pero en este caso que amerita, porque todos estamos afectados, aquí no se ha visto ninguna acción... Ni la misma dueña de la compañía Individual Management, Isabel Madera, se ha dignado en comunicarse con la comunidad para conocer cómo es su sentir y su pensar”, resaltó.

Igualmente, admitió que, en su caso, nunca vio nada fuera de “lo normal”.

“A la verdad es que las nenas no se veían maltratadas. De verdad, que nunca me hubiera imaginado algo así”, sostuvo.

“Nadie de Vivienda nos ha dado apoyo. Ahora mismo, se encerraron en la oficina. El que no debe, no teme. ¿Por qué se encierran? ¿Por qué no dan cara?”, concluyó.

Vivienda Pública confirma padre de April no estaba en contrato

El administrador de Vivienda Pública, Alejandro Salgado Colón, confirmó que el padre de April Thais no figura en el contrato de arrendamiento de la unidad donde residió la menor con su madre y su hermana de tres años.

Sin embargo, declaró que es académica la cancelación del nuevo acuerdo contractual a nombre de Naiari Quiñones Rivera, el cual reconoce como residentes a la fémina y sus dos hijas. Además, señaló que, la unidad estaba “pendiente de reexamen”.

Asimismo, Salgado Colón aseguró que, actualmente no hay una razón que justifique la remoción de la abuela de April, quien reside en una unidad “totalmente aparte”.

“Son dos asuntos totalmente distintos. (Los manifestantes) están reclamando que se le cancele el contrato que, es algo que no necesariamente procede. Por lo menos, en estos momentos, eso no es una razón por la cual proceder con la cancelación del contrato, por la información que tenemos hasta la fecha”, declaró.

“Lo que te puedo asegurar es que la información que nos ha confirmado la presidenta de la compañía Individual Management es que, en efecto, se ha estado coordinando con personal de ASSMCA para llevar los servicios a la comunidad que, ciertamente, se ha visto afectada con esta situación”, asintió.

Mencionó que tanto ASSMCA como otros recursos identificados por la agencia y el agente administrador están coordinando un impacto comunitario que permita la atención de sus residentes en medio de la tragedia.

Finalmente, reveló que la situación mantiene un ambiente de tensión en el residencial guayanillense, ya que esta tarde, “la Policía tuvo que retirar el personal de administración de residencial por asuntos de seguridad. Ciertamente, la situación se ha vuelto un poco complicada”.