La coalición de organizaciones sin fines de lucro Queremos Sol urgió a los líderes legislativos a que detengan el proceso de privatización de las plantas de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“La legislatura debe detener este proceso de privatización. El pueblo no puede aguantar más contratos como los de LUMA, que subirán la tarifa y empeorarán el servicio eléctrico”, subrayó Adriana González, directora del Sierra Club de Puerto Rico, la organización que lidera la campaña.

La coalición adujo que los elementos leoninos del contrato de LUMA Energy, empresa que administra la AEE desde junio pasado, han hecho daño al País, incluyendo la falta de penalidades si sobrepasa su presupuesto y la negación de los derechos adquiridos de los empleados de la AEE.

El proceso de privatización de la generación está encabezado por la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y se anticipa que los contratos estén completados próximamente. De acuerdo con la Ley 120-2018, y como ocurrió con el contrato de LUMA, nunca ha habido estudios de deseabilidad y conveniencia para analizar esta privatización, señaló Queremos Sol.

Por ende, la coalición propuso una transformación hacia un sistema de generación descentralizado y basado en la energía solar en techos con almacenamiento.

Según un análisis económico completado por CAMBIO, el uso de $9.6 mil millones de fondos federales para transformar el sistema energético a 75% energía renovable distribuida para 2035 resultaría en una tarifa estable de 15 centavos por kWh, de la cual aproximadamente la mitad, 7.5 centavos por kWh, representaría el costo de generación. La coalición también opone el desarrollo de proyectos privados de energía solar a gran escala en terrenos agrícolas y terrenos de valor ecológico.

Es por esto que las organizaciones enviaron una carta a los presidentes de la Cámara y del Senado advirtiendo que el Gobierno está recurriendo al mismo proceso sin transparencia que utilizaron para confeccionar el contrato de LUMA.

En su carta, la coalición enfatizó su rechazo a la privatización del sector energético destacando la necesidad de que la legislatura intervenga en el proceso y rechace cualquier contrato que repita los problemas del contrato de LUMA.

Específicamente, exhorta “adoptar legislación para desarrollar un proceso más transparente con participación pública sobre los contratos de privatización de generación y a públicamente rechazar cualquier acuerdo de privatización que: (a) no cuente con un análisis económico riguroso que demuestre cómo la transacción beneficia al pueblo y bajaría la tarifa; (b) no resulte en una tarifa de generación a largo plazo de menos de 7.5 centavos por kWh; (c) no requiera a la entidad privada tener que retener y contratar a los empleados existentes de la AEE y honrar sus derechos laborales y convenios colectivos; (d) no requiera que la entidad privada invierta su propio dinero en mejorar el sistema de generación; y (e) no impulse una transformación acelerada a la energía renovable distribuida a la vez que retira las unidades existentes según el Plan Integrado de Recursos”.

“Si la legislatura no interviene en este proceso, no habrá transparencia ni oportunidad para la fiscalización pública antes de que se firmen los contratos de privatización. Como ya hemos visto, esta falta de transparencia es una receta para más contratos políticos que no representan los mejores intereses del país”, acertó Ingrid Vila Biaggi, presidenta de CAMBIO y portavoz de Queremos Sol.