Defensores de los derechos humanos a nivel local e internacional reclamaron que las autoridades públicas en Puerto Rico tomen las medidas necesarias para atender y documentar la violación de derechos que sufren los miembros de la comunidad lesbiana, gay, bisexual, transexual y transgénero (LGBTT).

La licenciada Tracy Robinson, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, advirtió que no puede haber avances certeros en la materia si no se cuenta con información precisa sobre la situación.

"Esto debilita la protección de los derechos", expresó Robinson, quien participó en el XV Congreso de la Comisión de Derechos Humanos de Puerto Rico (CDHPR), que se lleva a cabo en un hotel en Isla Verde.

"Si no reconoces ni sabes la extensión de los derechos, es bien difícil atenderlos. Es bien difícil desarrollar política publica y acabar con la impunidad", agregó la abogada jamaiquina, quien fue presidenta de la CIDH.

Robinson destacó los esfuerzos de la Comisión de Derechos Humanos de Puerto Rico en investigar cómo se refleja la criminalización de la sexualidad a través del procesamiento legal de miembros de la comunidad LGBTT.

Según Joel Ayala, miembro de la CDHPR, desde el 2007 han comenzado a realizar diversas investigaciones, algunas de las cuales evidencian cómo los prejuicios contra los miembros de la comunidad LGBTT culminan en intervenciones de la Policía que violan sus derechos, particularmente en redadas por alegados actos de prostitución.

"Criminalizamos la sexualidad si estoy con mi novio en un lugar como la playa y llega la Policía con una intervención de la Policía y me arrestan por prostitución", resumió Ayala. "Si estoy con mi novia en la playa, en ese mismo momento, no soy arrestado", agregó.

Actualmente se manejan cientos de querellas y testimonios de personas que alegan haber sido arrestadas en violación a sus derechos. Conocer la extensión del problema, según Ayala, es difícil debido a la escasez de "estadísticas confiables".

No obstante, destacó que números de la Policía indican que en el 2014 arrestaron a 619 personas por prostitución y en lo que va de este año 2015 han detenido 624.

Estos números contrastan, resaltó Ayala, con la cantidad de casos que finalmente llegan a los tribunales. Dijo que la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) tiene en sus registros que este año solamente se han radicado menos de 100 cargos. Añadió que a esto se debe sumar que entre el 28% y 48% de las radicaciones se caen en corte.

"La Policía está interviniendo con ciudadanos arrestando o citándolos al tribunal sin el fundamento que pueda sostenerse, ni si quiera para la radicación del caso", denunció.

De acuerdo con Ayala, la violación de derechos humanos en estos casos se configura en que estas personas ven "un condicionamiento de su ciudadanía".

"Si eres gay o transexual es que tu ciudadanía está condicionada. Está limitado el uso de espacios público, tu libertad de expresión, tu libertad de movimiento, te limitan el ejercicio libre y pleno de tu sexualidad", afirmó. "Hay una limitación sobre los derechos constitucionales y civiles de las personas y de los derechos humanos como parte de la autonomía de la persona", insistió.

Según Ayala, además de intervenciones de la Policía, los miembros de la comunidad LGBTT comúnmente ven sus derechos y dignidad afectados por el prejuicio y discrimen que permea en otros servicios que procuran por parte del Estado.

Por su parte, la licenciada Amanda Baerga, de la OAT, admitió que la rama judicial necesita implantar cambios de manera que atiendan a estos ciudadanos de la manera que se merecen.

"La OAT ha recogido información de sus jueces, juezas y funcionarios, en constantes consultas, de cómo atender esta población, de cuál es la mejor práctica y manera", dijo Baerga.